Por Oriele Núñez y Rodolfo Chelme

La esencia del sistema de concesiones hospitalarias, confronta al interés público de una mejor salud con inversionistas privados que buscan el lucro con dineros públicos, bajo cláusulas de contrato abusivas y sin ningún enfoque sanitario. Estos se hacen cargo de administrar todos los servicios no clínicos de los establecimientos asistenciales. Toda la parte médica-clínica se mantienen “a cargo” del Estado. Pero el reglamento en ninguna parte limita las áreas de administración privada.

Para la mayoría de los chilenos/as, hoy, los Hospitales Públicos son una salvación a medias y/o una frustración completa: la lista de espera No GES este año creció más del 8%, llegando a 1.786.126 casos a junio 2018. Por otro lado, Chile cuenta con un total de 41.623 médicos inscritos en el registro de prestadores individuales de los cuales 18.431 están contratados en el sistema público de salud, representando apenas el 45%. Siendo el 9% quienes se desempeñan en la Atención primaria de Salud para atender al 88% de los 13.926.475 beneficiarios de Fonasa para el año 2017.

Adicionalmente, por más de tres décadas los gobiernos han optado por traspasar enormes recursos a los servicios privados de salud. Un ejemplo: Fonasa a la Clínica Las Condes le paga por un día cama básico $827 mil, mientras que a un Hospital Público solo le paga $60 mil. Sumado a la deuda hospitalaria, funcionarios y profesionales mal pagados y mala gestión, dan un cuadro dramático y terminal.

Los Progresistas creemos que esta realidad de la Salud Pública Chilena es debido a la nula voluntad política de privilegiar y fortalecer al sistema público de salud de nuestro país.

Frente a todo este panorama, se nos quiere hacer creer que construir infraestructura hospitalaria bajo la modalidad de concesiones junto a la propuesta del FONASA PLUS, se fortalecerá la salud Publica. No caeremos en la trampa neoliberal, ellos pretenden derribar definitivamente la salud como un derecho social universal, para entregarla a manos del mercado, extinguiendo cualquier vestigio del sistema público de salud en Chile, cuya historia sanitaria en su momento fue ejemplo para Latinoamérica.

El régimen de concesiones hospitalarias tiene su marco legal en las disposiciones generales de concesiones de Obras Públicas (año 1996) y su modificación diciembre 2009 y 2013 con la Ley 20.410, aprobadas durante los gobiernos de Ricardo Lagos y Michelle Bachelet.

La esencia del sistema de concesiones hospitalarias, confronta al interés público de una mejor salud con inversionistas privados que buscan el lucro con dineros públicos, bajo cláusulas de contrato abusivas y sin ningún enfoque sanitario. Estos se hacen cargo de administrar todos los servicios no clínicos de los establecimientos asistenciales. Toda la parte médica-clínica se mantienen “a cargo” del Estado. Pero el reglamento en ninguna parte limita las áreas de administración privada.

En resumen, el sistema de concesiones hospitalarias consiste en que inversionistas privados -generalmente consorcios internacionales- realizan la cuantiosa inversión para construir un edificio asistencial con diseño y especificaciones “dispuestos por el Ministerio”, los que recuperan su inversión mediante el pago que debe hacerles el Estado por administrar determinadas áreas de los hospitales por largos plazos, que promedian los 25 años hasta un máximo de 50 años.

Además de la construcción, los privados, se hacen cargo de servicios como el mantenimiento integral de la infraestructura, equipos y vehículos; la operación de los sistemas de apoyo industrial (calderas, electricidad, agua potable, oxígeno, etc.); Alimentación, Ropería, Aseo, Vigilancia, manejo de residuos hospitalarios, transporte, informática y áreas similares.

La Ley 20.410, permite concesionar desde la construcción del hospital hasta su operación, incluyendo la gestión clínica o de “delantal blanco” pues no fija límites, como se observa en su Artículo 1, donde  el nivel de prestación de servicios por parte del concesionario, lo determinan las bases de licitación, dejando abierta la puerta para abarcar toda la operación de un hospital y, el Artículo 29 reafirma lo anterior, señalando que “las bases de licitación deberán indicar explícitamente los niveles de servicio exigidos para la etapa de explotación, sus respectivos indicadores y las sanciones“.

Como la concesión de la construcción de edificios hospitalarios resulta “poco rentable” para los privados, se añaden otros negocios como estacionamientos, restaurantes, seguridad y servicios afines, servicios industriales como alimentación, lavandería y calderas además de servicios de apoyo clínico (laboratorio, rayos, etc.), siendo insuficiente para que los concesionarios recuperen su inversión y además ganen plata, justificando la administración del recinto asistencial; es decir, el inversionista asumiría el control del giro del “negocio”: la gestión clínica.

Esto favorece la concentración del capital pues los inversionistas son consorcios formados por las más grandes inmobiliarias nacionales y transnacionales.

En definitiva, es una forma de endeudamiento público, un crédito de alto costo que se paga a particulares, quienes para realizar la inversión deben asegurarse altos márgenes de utilidades.

La evidencia es incontestable: La ley de Concesiones hospitalarias es privatizar la salud pública de Chile.

El objetivo es transformar radicalmente el sistema vigente por un nuevo orden sanitario, desde un sistema de salud universal y solidario hacia un sistema de salud individual y centrado en la enfermedad y los enfermos, sin considerar la salud como un principio universal que va más allá del enfermo. Desde la promoción,  prevención, hasta la rehabilitación.

Rompe con la integralidad del sistema, eliminando los niveles de complejidad del sistema sanitario.

Rompe con el principio de atención familiar de salud y con el modelo de atención bio-psico-social del individuo, pues este sistema se dedicará sólo a vender o comprar servicios, otorgando la posibilidad de compra (Fonasa plus) mercantilizando aún más la salud de la población.

La Comisión Investigadora sobre inversión pública en infraestructura hospitalaria, de la Cámara de Diputados, concluye lo siguiente:

• El mecanismo de concesiones no resulta necesariamente más económico ni asegura mejores plazos en la construcción y puesta en marcha de la infraestructura hospitalaria requerida, la que puede ser construida por vía sectorial.
• Se establece que la operación de los establecimientos concesionados, por no contar con los mecanismos contractuales adecuados, resulta extremadamente rígida y no permite ajustarse rápidamente a las necesidades asistenciales y sanitarias.
• La explotación privada de servicios no clínicos relacionados directamente con la función de prestación de servicios de salud (aseo de pabellones, mantención de maquinarias, etc.) ha significado un deterioro significativo en la calidad de las atenciones y servicios médicos que se entregan por parte de los hospitales; y se planteó que el mecanismo de incentivos opera de manera perversa por cuanto ha inducido a la entrega anticipada de las obras y puesta en funcionamiento de los hospitales sin contar con las autorizaciones y recepciones correspondientes (caso El Carmen).

Es el mismo modelo que introdujeron con el sistema de pensiones, con la educación, el transantiago, con una impronta individualista y donde el Estado subvenciona a los privados, quienes se “comprometen a dar un buen servicio”, nos muestran sus bondades inmediatas, “construcción de infraestructura”, para lucrar por montones a costa de nuestros recursos públicos, sin ninguna responsabilidad social.

Las posibilidades de contar con un sistema público de atención de salud, estructurado, integrado, con la mejor relación costo-efectividad, intersectorial y participativo de la comunidad, con este modelo de concesiones privadas se pierde, parchando la crisis de la salud y ahondándola, monitorizando muchas veces indicadores económicos en salud y no los sanitarios.

Desde hace años las y los progresistas junto con organizaciones políticas, sociales y de trabajadores de la salud, nos hemos pronunciado  en contra de este modelo de concesión hospitalaria y, a favor de otras modalidades que históricamente dieron frutos en nuestro país, por tanto,  nuestra resistencia a esta propuesta de la derecha y del neoliberalismo está vigente.

Los Progresistas reafirmamos que la Salud debe ser un Derecho Humano fundamental garantizado por el Estado, donde no se permite lucro con la vida. Debemos cimentar este principio,  recuperando el sitial de Chile con un Sistema Público de Salud Universal, Solidario, Oportuno  y de Calidad, se lo debemos a nuestros antepasados y a las nuevas generaciones.

Los progresistas y la izquierda en Chile aparte de indignarse, no puede estar ausente. Debe apoyar propuestas alternativas a este modelo de concesión, que en nada aporta a solucionar los graves problemas sanitarios y de calidad de vida en nuestro país, sino más bien utilizan una necesidad y carencia de nuestro pueblo como un nicho de negocio, lo cual es éticamente inaceptable y se desvía totalmente del estado de derecho, del bienestar biopsicosocial y del equilibro medio ambiental que como demócratas y personas conscientes hemos tomado como bandera de lucha.

Declaramos nuestro compromiso por luchar hasta alcanzar el retiro de la ley de concesiones Hospitalarias.

Fuente: El Desconcierto.