El miércoles reciente ingresó a la Cámara de Diputados una iniciativa legal, a cargo de los diputados Pablo Kast (Evópoli) y Marisela Santibáñez (Pro), que busca establecer diligencias más específicas dentro de las primeras 24 horas desde que se extravía una persona.

En primera instancia, se hace cargo de establecer claramente una definición, como “la pérdida de contacto con una persona, de quien se ignora su actual paradero y se teme fundadamente por su vida o por su integridad física”, según se aprecia en el documento que contiene el proyecto.

El diputado Kast explica que “no es lo mismo que se pierda un niño en un sector vulnerable, a que se pierda otro haciendo trekking , o un abuelito en un sector rural, por lo que es importante establecer categorías, además de que hoy los procedimientos quedan a discrecionalidad de quien toma la denuncia, ya sea PDI o Carabineros, y también depende de en qué lugar del país se da la desaparición”.

Para ello se plantean cinco categorías de extravío de personas: por causas médicas; por causa accidental o natural; extravío por suicidio; desaparición forzada o por intervención de terceros; y desaparición voluntaria, por evasión o fuga.

Otra medida es la creación de la Base de Personas Extraviadas en Chile, principalmente por la disparidad que hay entre las cifras existentes en la PDI y Carabineros.

Por ejemplo, la primera institución plantea que anualmente se registran más de 8 mil denuncias por presunta desgracia, de las cuales cerca de 600 casos quedan sin resolver. Mientras que Carabineros informa que cada año se generan sobre 25 mil denuncias por presunta desgracia y los casos sin resolver bordean los mil por año.

“La idea de esta base de datos es que sea la única fuente de información que consulten y a la que ingresen todas las instituciones involucradas”, agrega Kast, refiriéndose a la PDI como Carabineros, el Servicio Médico Legal, el Registro Civil y el Ministerio Público. También el proyecto hace una distinción por tipo de riesgo de la desaparición, catalogándolo en Alto riesgo confirmado, Alto riesgo no confirmado y Riesgo limitado.

La diputada Santibáñez complementa que “hay todo un tema con las cámaras y la obligatoriedad de entregar las imágenes. Hoy la ley no lo exige, no hay un protocolo que te obligue a entregar las grabaciones que pudieran contener información relevante para encontrar una persona. Eso no puede seguir así”.

Finalmente, el proyecto propone una modificación al artículo 83 del Código Procesal Penal, para que las policías puedan actuar sin la autorización previa de un fiscal.

Fuente: El Mercurio.