Las comisiones ambientales de los partidos políticos abajo firmantes exigimos al gobierno firmar el Acuerdo de Escazú, o Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, antes del 26 de septiembre, plazo final para que entre en vigencia.

Con este Acuerdo, los países firmantes se comprometen a:

• Asegurar el derecho a acceder a la información ambiental;
• Velar por el derecho ciudadano de participar en la toma de decisiones ambientales; y
• Dar protección a las defensoras y los defensores del medio ambiente y la tierra.

Este compromiso, es una respuesta a la situación que enfrenta la población de las zonas de sacrificio. La larga lucha de las organizaciones de Puchuncaví-Quintero sería distinta si pudieran contar con toda la información de manera transparente. Es una respuesta básica a un país que no quiere ser objeto, sino actor de las decisiones y su futuro. La omisión de la participación cuando corresponde, sólo lleva a la acumulación de tensiones y a procesos más complejos, largos, dolorosos y muchas veces insolubles.

El Acuerdo de Escazú viene a saldar una deuda de justicia con la ciudadanía que cuida del medio ambiente, a protegerla y a garantizar sus derechos. Es imperativo que Chile suscriba el Acuerdo de Escazú, como la última oportunidad que tiene este gobierno de demostrar su compromiso en la defensa de los derechos a la participación de la ciudadanía y liderazgo internacional en la crisis climática y ecológica.

Los abusos, e incluso los asesinatos de defensores ambientales son una realidad  que ha ido creciendo en América Latina, la región más peligrosa del mundo para ser activista ambiental, donde más de 200 personas fueron asesinadas el año 2019; y también en Chile, como lo muestra el caso del crimen de la defensora ambiental Macarena Valdés. El Acuerdo de Escazú, impulsado por Chile desde el año 2012, durante el primer mandato de Sebastián Piñera, reforzará la protección de los dirigentes sociales y ambientales, la autonomía y participación de la ciudadanía; lo que para nada es contradictorio con la legislación nacional.

El Acuerdo de Escazú, liderado y negociado por nuestro país, es un hito ambiental inédito para los países de América Latina y el Caribe, que tienen la oportunidad histórica de situarse a la vanguardia de un desarrollo sostenible con más democracia, protección del medio ambiente y de los derechos humanos.

El período para la firma del Acuerdo cerrará el 26 de septiembre de 2020 y hasta ahora el gobierno no ha entregado ninguna razón plausible para restarse, sólo excusas, haciendo tambalear la entrada en vigencia del mismo.  Es vergonzosa la estrategia con que el gobierno evita la firma del Acuerdo de Escazú, eludiendo su responsabilidad y el cumplimiento de acuerdos, tan distante de la política exterior que ha caracterizado a Chile.

De no firmar el Acuerdo, el gobierno debe hacerse cargo de las consecuencias que traería la falta de seriedad en sus políticas multilaterales. Chile habrá faltado a su compromiso con nuestros países vecinos y fallado en el deber de proteger y dar garantías a los derechos de las y los ciudadanos chilenos.

Hoy el Acuerdo de Escazú necesita a Chile y Chile necesita el Acuerdo de Escazú. Sin excusas. ¡Que Chile firme Escazú ahora!.