El Mandatario argentino, en su calidad de abogado, realizó un análisis jurídico que fue enviado en febrero al organismo internacional, en el marco de la denuncia que el fundador del Partido Progresista de Chile presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humano para pedir que se respeten sus derechos políticos, los cuales les fueron suspendidos.

El Mandatario argentino Alberto Fernández envió en febrero a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un análisis jurídico respecto al caso que afecta a Marco Enríquez-Ominami, en el marco la demanda presentada por el excandidato presidencial ante el organismo internacional, en la que pide que se respeten sus derechos políticos suspendidos.

Fernández lo hizo bajo la figura de Amicus Curiae, que es una expresión latina utilizada para referirse a presentaciones realizadas por terceros ajenos a un litigio, que ofrecen –voluntariamente- su opinión frente a algún punto de derecho u otro aspecto relacionado, para colaborar con el tribunal en la resolución de la materia objeto del proceso, y que puede consistir en un escrito con una opinión legal, un testimonio no solicitado por parte alguna, o un informe en derecho sobre la materia del caso.

Fue el propio Jefe de Estado quien, en febrero -durante la conferencia virtual con la que el Partido de los Trabajadores de Lula conmemoró los 41 años de su fundación- comentó sobre el análisis.

En esa oportunidad, el Presidente argentino reflexionó sobre la guerra jurídica o “lawfare” en América Latina y la definió como “un problema que tiene el Continente: ese maldito mecanismo que ha calado en Brasil y en otros lugares de la región; y que ha servido para que la prensa y la justicia se vinculen entre sí, con el fin de perseguir opositores al régimen político del momento”.

En esa línea, Fernández aludió a los casos más emblemáticos que se han registrado, específicamente en Brasil y Ecuador en las causas que han enfrentado Luiz Inácio Lula da Silva y Rafael Correa respectivamente.

“Son casos absolutamente claros de ese uso del poder, del acuerdo entre el poder y los medios, para instalar en el imaginario público la idea de culpabilidad de una persona”, dijo.

Y mencionó la causa que en Chile afecta al excandidato presidencial Marco Enríquez-Ominami, agregando que “hace siete años que está siendo procesado, investigado e involucrado en una causa penal por una investigación que afecta a alguien que fue su asesor, ni siquiera a él”.

“Ahora, resulta que, en Chile, existe una norma que dice que aquel que está procesado, pierde sus derechos políticos”, detalló, mencionando que “hace pocos días atrás me presenté como Amicus Curiae ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidiendo que haga algo para evitar esta manipulación que ocurre en Chile y que permite a los jueces tener a una persona procesada a lo largo de los años, y privarla -de ese modo-  de los derechos políticos que esa persona tiene”.

“Como siempre digo, a la luz de alguien como yo que abrazó el Derecho y la abogacía con pasión, solo le genera penuria ver el uso que se hace de la justicia en perjuicio de mucha gente”, insistió Fernández en su presentación.