Este martes, el líder del PRO dio a conocer un paquete de propuestas progresistas en apoyo a las familias chilenas que se han visto afectadas por la pandemia, apuntando, además, a la necesidad de impulsar medidas de emergencia de protección a la mujer.

Este martes, el fundador del partido Progresista de Chile, Marco Enríquez-Ominami, presentó una serie de propuestas económicas para paliar la crisis generada por la pandemia con mayor atención a las mujeres y jóvenes.

Según explicó, las medidas responden al argumento permanente del Gobierno de Sebastián Piñera, sobre la necesidad de austeridad y responsabilidad fiscal, aludiendo la actual posición de deuda del Fisco, lo que ha obligado a que las propias familias chilenas a gastar sus ahorros para la vejez a través de los tres retiros de los fondos en las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

“El Estado no puede continuar con su mezquindad frente a la envergadura de los impactos económicos y sociales de la crisis, justificada en un dogma teórico neoliberal respecto de los equilibrios macroeconómicos, que desconoce el dolor de las familias”, recalcó Enríquez-Ominami, enfatizando que, “por primera vez en 20 años, el índice de pobreza aumentó en el país, con una violenta disminución de los empleos y fuentes de ingreso, así como un incremento de la desigualdad”.

Por ello, apuntó a la necesidad de abrir la billetera fiscal y aumentar la capacidad de gasto del Estado para usarlo en transferencias directas a las y los chilenos, enfocadas a la inversión en emprendimiento individual y colectivo, a la generación de empleo, así como a paliar los gastos de salud asociados a la pandemia y precarización de la calidad de vida. Esto, a través de medidas administrativas asociadas a la administración y gestión de los caudales públicos.

Entre sus propuestas, Marco Enríquez-Ominami instó a entregar un bono de un millón de pesos para los nuevos microempresarios y emprendedores (autoempleo), considerando que la gran mayoría no pudo acceder al llamado Bono Alivio a Pymes, el cual prometía el mismo monto de ayuda pero que, al igual que en las primeras versiones del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), no llegó a quienes lo necesitaban por los requisitos impuestos a los potenciales beneficiarios.

También propuso la entrega de apoyos directos a las micro y pequeñas empresas, a través de otorgar 8 meses de gracia sin cálculo de intereses sobre el capital de créditos a micro y pequeñas empresas, incluido el Fondo de Garantía para el Pequeño Empresario (FOGAPE); un bono de $1 millón para cubrir altos costos de implementación de los espacios y medidas sanitarias para que puedan reiniciar operaciones con público y trabajadores; y el rescate Previsional, es decir, la entrega de un aporte directo del estado a las micro y pequeñas empresas que no han podido cubrir los costos previsionales de sus trabajadores por efecto de la pandemia, a través de un crédito con un sólo propósito de pago, con intereses y que pueda comenzar a ser pagado luego de 8 meses de su efectiva adquisición.

Además, Marco Enríquez-Ominami apuntó a la necesidad de impulsar medidas Económica de Emergencia de Protección a la Mujer, considerando que el 73% de los hogares en Chile están a cargo de una mujer, de acuerdo al estudio “Radiografía de la mujer”, desarrollado por Grupo Defensa y las Facultades de Ingeniería y Ciencias Sociales de la Universidad de Playa Ancha (UPLA), y que cuatro de los cinco padres que deben pagar pensión alimenticia, no lo hacen.

Por ello es que –además- el fundador del PRO propuso el pago de pensión de alimentos atrasada por parte del Estado, que –a su vez- asumirá la tarea de cobrar al deudor.

“Poner a la mujer en la posición de gastar recursos en acciones legales para no recibir pago, es denigrante, y en las circunstancias de la pandemia se torna aún más dramático”, dijo el cineasta, recalcando que “el Estado debe ser, entonces, quién haga el pago decretado por el tribunal y que sea el Fisco, con sus atribuciones y mayores capacidades, el encargado de hacer el cobro al demandado”.

Medidas Económicas de Emergencia para el Fomento al Empleo Joven

Entre el paquete de medidas, Enríquez-Ominami también plantea la inserción en el mercado de trabajo para las y los jóvenes y propone generar una Red de Inserción Laboral para que las y los jóvenes puedan realizar en forma rápida, sus prácticas profesionales y en lugares próximos a su hogar, a cargo del Gobierno central (por los Ministerios de Educación y de Desarrollo Social y Familia) y que dependa en términos operativos de las Corporaciones de Educación o Desarrollo Social, los Departamentos Municipales de Educación o los Servicios Locales de Educación, según corresponda a la realidad específica de cada espacio local.

En la misma línea propone crear un Fondo Especial de Fomento del Emprendimiento Joven que beneficiaría a cerca de dos millones de jóvenes y tendría un costo para el Estado de cerca de 20 millones de dólares. La extensión de este subsidio debiera ser por un plazo máximo inicial de seis meses.

También instó a crear una Banca Popular Joven, que se instale en BancoEstado, que otorgue préstamos a tasa 0 y sin reajuste en UF, con el objetivo de incentivar el emprendimiento joven, con enfoque especial en las mujeres y el comercio electrónico.

Respecto a las personas que han enfrentado la enfermedad en el contexto de la pandemia, y un conjunto de costos monetarios asociados con sus tratamientos médicos, el líder del PRO propone que se condone la deuda asociada a gastos médicos por COVID–19, traspasando el costo al Estado, lo que además representaría una señal importante de responsabilidad estatal respecto a la salud de las personas en el contexto de una pandemia.

Por último, propuso la liberación del pago de licencias médicas extendidas en el período 2020–2021; la eliminación de emergencia de la exigencia de firma de las licencias médicas por parte de un especialista, como norma para aprobación y pago; y disponer la entrega gratuita y masiva de mascarillas de calidad, definiéndolas como un bien de primera necesidad.