Marco Enríquez-Ominami: “Las ventas o licitaciones de terrenos fiscales se realizaron, en los gobiernos anteriores, sin que se discuta previamente el uso potencial de esos territorios y sin participación ciudadana. Es urgente instalar un proceso de ordenamiento territorial a largo lazo”.
Santiago, 05 de agosto 2014
Esta mañana, el Presidente de Fundación Progresa y líder progresista, Marco Enríquez-Ominami, acompañado por la Presidenta del Partido Progresista, Patricia Morales, y la colaboradora de Fundación Progresa, Claudia Rodriguez, se reunieron con el Ministro de Bienes Nacionales, Víctor Osorio, para plantearle sus inquietudes frente a la gestión territorial que actualmente se realiza en nuestro país.
En efecto, según cifras proporcionadas por la administración anterior, más del 50% del territorio nacional sería fiscal, sin embargo, la gestión de este territorio no ha sido transparente y en los últimos años ha obedecido más a criterios de mercado, que a una concepción de bien común. De este modo, bajo la gestión anterior, más de la mitad del territorio catastrado como fiscal se ofreció para venta directa o licitación, incluido un porcentaje menor que se entregaría en concesión por 50 años.
En su gran mayoría (65%) dichos bienes fueron enajenados para equipamiento y uso inmobiliario, un 21% para fines turísticos y de conservación, y un 14% para Energías Renovables No Convencionales.
Al respecto, Enríquez-Ominami señaló que “las ventas o licitaciones de terrenos fiscales se realizaron, en los gobiernos anteriores, sin que se discuta previamente el uso potencial de esos territorios y sin participación ciudadana. Es urgente instalar un proceso de ordenamiento territorial a largo plazo”.
A su vez, Claudia Rodriguez, la asesora de Ordenamiento Territorial de la Fundación Progresa, valoró la noticia sobre el actual trabajo conjunto entre los Ministerios de Bienes Nacionales, Medio Ambiente y Energía, para ordenar el territorio y viabilizar una agenda energética sustentable, subrayando la importancia de que el territorio no se ordene en función de un sector en particular, como lo es el energético, sino en función de los múltiples usos alternativos que se le puede otorgar al suelo, en consideración de sus potencialidades y limitaciones.
Al respecto, señaló que “es necesario realizar ordenamiento territorial con amplia participación ciudadana en todo el país y respeto a las culturas originarias, de manera de poder identificar los usos para el territorio fiscal en las distintas regiones. Por otra parte, el enajenamiento y licitaciones de suelo fiscal sólo se debiera realizar en tanto se condiga con los usos establecidos a través del ordenamiento territorial realizado con miras al bien común y la sustentabilidad del desarrollo”.
Por último, Marco Enríquez-Ominami señaló que “El Ministerio de Bienes Nacionales debiera transitar hacia un Ministerio del Territorio, el cual debiera abordar el Ordenamiento Territorial del país de manera integrada, coordinando los intereses públicos de los diferentes ministerios sectoriales sobre los usos del suelo y realizando planificación territorial más allá de la urbana, la cual hoy sólo abarca el 0,5% del territorio nacional.”.