Marco Enríquez-Ominami, Fundador y Líder del Partido Progresista Ex Candidato Presidencial y Presidente de la Fundación Progresa
Cristóbal Reyes Bielefeld, Consejero Federal del Partido Progresista, Región de Coquimbo Sociólogo y primer Presidente Regional FEUCEN La Serena
Chile requiere y merece una Asamblea Constituyente Los anuncios de la Presidenta expuestos en la reciente cadena nacional evidencian un esfuerzo contundente para superar la crisis que ha golpeado tanto a los partidos políticos tradicionales como a la élite empresarial de nuestro país. Muchas de las cuales, dicho sea de paso, propusimos y empujamos como progresistas incluso antes de que los acontecimientos escalaran al punto en el que se encuentran hoy.
Entre los anuncios destacan los siguientes: suprimir los aportes reservados a la política y avanzar hacía un financiamiento público; restablecer íntegramente la educación cívica en las instituciones educativas; limitar la repostulación de Senadores, Diputados, Alcaldes y Concejales; poner fin a la puerta giratoria entre las empresas privadas y el servicio público; y, considerando que un 77% está de acuerdo con que Chile necesita una Nueva Constitución (CADEM N°64), la más sustancial y prometedora de todas, iniciar un “Proceso Constituyente” en el mes de la patria.
Sin embargo, la experiencia y el aprendizaje político nos enseñan que un grandilocuente enunciado no garantiza que se logren los resultados esperados, y mucho menos, que se cumplan las expectativas de la ciudadanía. Basta con dar un breve repaso a tan sólo una de las medidas anunciadas: el avance hacia el financiamiento público de la política. Al respecto, ya se ha esbozado desde la Secretaría General de la Presidencia que éste será efectivo sólo para partidos con representación parlamentaria -hoy electos gracias al sistema binominal-, es decir, tras una necesaria y prometedora medida se esconde un mecanismo para reproducir lo estabilizado (en este caso mantener el duopolio). Algo parecido al gatopardismo que denunciaba Tomás Moulián en su célebre trabajo, Chile actual, anatomía de un mito: “cambiar para permanecer”.
Es por lo señalado que debemos trasformar la ambigüedad del anuncio sobre el “Proceso Constituyente” en una oportunidad para Chile, adelantándonos a la letra chica y encausándolo con el fin de que el surgimiento de una “Nueva Constitución” se condiga con las expectativas y el sentir de las mayorías. Para ello es necesario sentar acuerdo en lo 1) Los políticos deben comprender que para restablecer las confianzas, primero es necesario que estos confíen en la ciudadanía. 2) Debemos convenir en que el Poder Constituyente radica en la sociedad civil, por lo que no es correcto que esta sea considerada sólo mediante consultas y cabildos no vinculantes. 3) La constitución del 1980, al estar redactada en dictadura, no desarrolló un vínculo óptimo entre ciudadanía, normas e institucionalidad, por lo que debemos aprovechar ésta oportunidad para lograr que la sociedad civil se afiance con sus instituciones y se apropie de los asuntos que la atañen (esto requiere la mayor participación posible).
En virtud de lo expuesto, creemos que la Presidenta debe dejar en manos de la ciudadanía la definición sobre la forma en cómo se redactará la Nueva Constitución, es decir, si mediante expertos (como en 1980), las cámaras (entre parlamentarios cuestionados) o la ciudadanía (Asamblea Constituyente). Para ello proponemos una reforma constitucional que permita llamar a un plebiscito, por el cual los chilenos y chilenas puedan decidir la mejor forma para elaborar su Nueva Constitución.
No nos cabe la menor duda que bajo este ejercicio democrático superaremos lo acontecido, ya que la crisis de las instituciones se resuelve con más democracia y la crisis de la política, con más y mejor política. Por parte del progresismo la posición es clara, aunque no queremos imponerla (de ahí la necesidad del un plebiscito): Chile requiere y merece una Asamblea Constituyente.