Por: Camilo Lagos

Presidente del Partido Progresista

La desafección de la política no tiene que ver, solamente, con los privilegios y la corrupción de la clase política, porque ambos fenómenos nacieron con la política, y, sin embargo, por si mismos, no habían logrado nunca este nivel de desconexión entre el poder y la gente. Y es que hay en Latinoamérica un fenómeno global, que en Chile no hemos querido observar, pero que es fundamental para entender esta distancia: el lawfare o judicialización de la política. El contubernio entre partes del sistema judicial, medios de comunicación y élites políticas, que persiguen arbitrariamente a líderes políticos que representan proyectos amenazantes, como lo hicieron con Lula en Brasil, Cristina Fernández en Argentina, y en Chile, más claramente, con Marco Enríquez Ominami

Pongámoslo en contexto. Luego de la forzada renuncia de Teodoro Rivera (actual ministro de Relaciones Exteriores, y ex rector de la privada Universidad Autónoma de Chile), del ministerio de Justicia durante el primer gobierno de Piñera, por sus vínculos con Luis Eugenio Díaz, el abogado PPD que fue presidente de la Comisión Nacional de Acreditación, y que aceptaba sobornos para acreditar universidades, fue nombrada como ministra de justicia en su lugar Patricia Pérez Goldberg, muy cercana a Piñera, y esposa del fiscal y símbolo en la persecución de políticos, Pablo Gómez Niada.

La ex Ministra Pérez Goldberg, según una crónica de El Mostrador de 2016, es muy amiga también de quien fuera la Ministra de Justicia del segundo período de Bachelet, Javiera Blanco, quien fue, según esta misma crónica, quien más bregó, aprovechando su rol de Ministra, para que fuese, primero, nombrada Pérez Goldberg en el millonario puesto de Conservadora de bienes raíces de Villa Alemana, y para que el futuro Fiscal Nacional fuese Jorge Abott, quien obviamente llegaría a la fiscalía junto a quien había sido su mano derecha hasta entonces, el fiscal Pablo Gómez, quien ya sabemos, es el esposo de la Exministra Pérez Goldberg.

Más contexto. El año 2015 comenzaba con encuestas que señalaban a Enríquez Ominami -candidato de izquierda y progresista – como el más fuerte competidor, por varios cuerpos de ventaja por sobre Sebastián Piñera en la carrera por la Presidencia de Chile. Ese mismo año comenzaron las persecuciones judiciales en contra del hoy retirado candidato. El primero en la persecución fue Emiliano Arias, actualmente acusado de corrupción por sus propios colegas y formalizado por estos posibles cargos, cuya última polémica fue por haber negado, y luego haber tenido que aceptar, el haber recibido una oferta de trabajo para ocupar el puesto de “Subsecretario de Prevención del Delito” para el actual gobierno de Piñera.

El segundo fiscal que persiguió ese mismo año a Enríquez- Ominami -entre varios otros- fue precisamente el Fiscal Pablo Gómez, el esposo de la ex ministra del primer periodo de Piñera arriba señalado, y que hoy acaba de ser contratado -junto a su oficina de abogados- por el Ministerio del Interior del segundo gobierno de Piñera, para asesorarlo en las causas que el Ministerio está llevando en la persecución criminal de las manifestaciones sociales. Si Jair Bolsonaro premió al persecutor de Lula con el Ministerio de Justicia, Piñera le supo dar trabajo a quien frenó, a punta de juicios filtrados en la prensa, a su principal competidor.

¿Puede ser casualidad tanta coincidencia? ¿Puede la prensa sorprenderse de la despolitización de la sociedad, si dejó pasar estas coincidencias sin levantar sospecha alguna? ¿Tan acostumbrados estábamos a la endogamia de la elite, que estas componendas nos parecían obvias?

Y es que todos sabíamos de la crisis de representación que enfrentaba la política, pero también veíamos que, en el contexto de esa crisis, aparecieron políticos y políticas que intentaron plantear los dilemas de la desigualdad y su solución, desde la política, la democracia y las instituciones. Pero esos políticos debieron enfrentar la privatización que hicieron los poderes fácticos de ciertos espacios del sistema justicia, a través de la influencia en los nombramientos de puestos clave, que hicieron, además, que los medios erigieran durante años a la transparencia como el único tema relevante, y a la pureza como único parangón de la moral. A quien le importaban ya las convicciones, la desigualdad, la necesidad de una nueva constitución, si las noticias que hacía el sistema judicial bastaban para tapizar el paseo ahumada con las mismas portadas durante días, meses y años.

Nos sorprende que la gente se haya cansado de la desigualdad. Nos sorprende que no existiera un solo referente político que pudiera canalizar el descontento. Pero no nos sorprendió que esta cadena de fantásticas coincidencias sucediera. Despolitizaron la sociedad para ganar el poder, y con esa despolitización alimentaron el monstruo de la anomia, que les reventó el 18 de octubre en la cara.