El senador Alejandro Navarro nuevamente cuestionó a los denominados “casinos del pueblo”, es decir, los locales que están en el centro de las ciudades o en algunos barrios, donde la ciudadanía acude a jugar en máquinas tragamonedas.

El legislador reiteró que estos juegos son ilegales, adictivos, no regulados y que generan daños en la economía de las familias.

“(…) Funcionan como supuestos juegos de destreza, debido a que son ilegales, esconden mafias, adicciones, afectan la economía familiar y fomentan la ludopatía”, explicó.

En ese contexto, indicó que solicitará al Ministerio Público que se incauten las placas madres de todas las máquinas de azar de la región del Bío Bío, zona a la que representa como parlamentario.

Ello, con el objetivo que las autoridades comprueben que éstas son ilegales, a través de lo cual dijo esperar que se desbaraten las redes delictuales que existirían detrás de ellas.

A través de un comunicado, el excandidato a la Presidencia dijo que votará en contra de la propuesta de la Comisión de Gobierno de la Cámara Alta, quienes votaron por regularizar y legalizar este tipo de máquinas.

“Votaré en contra e insistiré en que prevalezca mi proyecto de Ley que busca prohibir las máquinas de azar. Hemos contado con el apoyo de la Asociación Chilena de Municipalidades, Carabineros y de la Fiscalía”, aseguró.

Navarro también destacó el hecho que durante la jornada de este martes quedó al descubierto el allanamiento del que fueron objeto el exalcalde de Santiago, Pablo Zalaquett; y el exsuperintendente de Casinos, Francisco Leiva.

La indagación, indicaron desde el Fiscalía, se enmarca dentro de los esfuerzos por esclarecer el uso de tragamonedas clandestinos y su vínculo con entidades públicas para evitar fiscalizaciones.

En línea con lo anterior, un grupo de diputados presentó este mes una propuesta para hacer cambios a la Ley N°19.947, con la cual esperan modificar el cuerpo legal e incorporar la ludopatía como causal de divorcio.

Coincidiendo con Navarro, los legisladores lo hicieron con la meta de proteger a las familias cuando esta patología “constituya un impedimento grave para la convivencia armoniosa entre cónyuges, o entre éstos y los hijos”.

Fuente: Biobío La Radio.