¿Cuál es la posición actual del Estado chileno sobre las y los desaparecidos por la dictadura de Augusto Pinochet? Sobre este tema se habló en la 16° sesión del Comité de Desapariciones Forzadas –CED– de la Organización de Naciones Unidas, que se realiza entre el 8 y el 18 de abril se realiza en Ginebra (Suiza).

Por Elena Rusca*. Según el CED, “recuperada la democracia, una de las áreas de mayor preocupación para el Estado fue establecer políticas que respondieran a la necesidad de buscar la verdad sobre las violaciones a los Derechos Humanos de la dictadura. En ese sentido, saber qué pasó, dónde estaban las personas desaparecidas, cómo desaparecieron y quiénes fueron los agentes estatales responsables; fueron cuestiones de primordial interés”.

“En Chile no existe ni existirá impunidad”, afirma Lorena Recabarren, Subsecretaria de Derechos Humanos de ese país, en su informe presentando al respecto ante Naciones Unidas. Sin embargo, la Presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos –AFEP–, Alicia Lira Matus, se encuentra en desacuerdo con esta afirmación estatal.

“Nunca fue prioridad el tema de la búsqueda de la verdad ni de la justicia –sostiene Alicia Lira Matus–, solamente un reconocimiento como Estado de las violaciones sistemáticas de los Derechos Humanos en la dictadura cívico-militar, a través de los informes de la Comisión de Verdad y Reconciliación en el 1992 y con la reparación de una pensión vitalicia, para las madres y esposas, y estudios a los hijos (desde la básica a la universidad) y otras reparaciones menores. Desafortunadamente, no han implementado hasta ahora una unidad a nivel nacional para la búsqueda de los desaparecidos”.

A pesar de que el Estado chileno declara haber “cumplido su obligación de investigar desapariciones forzadas ocurridas bajo la dictadura”, mantiene en secreto los documentos, testimonios y antecedentes aportados por las víctimas ante la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura. Y, según la Ley Número 19.992 establecida el 24 de diciembre de 2004, este secreto se mantendrá durante 50 años. Es decir, los familiares no tendrán la colaboración del Estado para encontrar a las personas desaparecidas por la dictadura y se mantendrá la impunidad para los victimarios.

Los militares que cometieron delitos de desapariciones forzadas “ordinarias” y de lesa humanidad, se benefician todo el tiempo bajo la ley chilena. Al regir el secreto previsto en la Ley 19.992, ninguna persona, grupo de personas, autoridad o magistratura tendrá acceso a informaciones claves para una posible justicia.

La Ministra de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, agregó a la discusión el hecho de que la misma Ley comprende atenuantes como que exmilitares que hayan sido condenados por delitos de desaparición forzada o lesa humanidad, pagan su condena en “libertad vigilada”, sin ver un solo día de cárcel. Y esto sucede porque toda persona que confesó, manifestó su arrepentimiento, entregó elementos sustanciales y facilitó de manera espontánea la investigación; puede obtener este tipo de “consideraciones”.

Además de los fallos en en cuanto a la justicia sobre las violaciones de Derechos Humanos en la dictadura, en Chile continúan las desapariciones forzadas aún en democracia. Hugo Arispe Carvajal fue desaparecido en 2001, José Huenante Huenante en 2005 y José Vergara Morales en 2015, por solo mencionar algunos casos de los que hay constancia en la ONU.

Asimismo, el pueblo mapuche, el movimiento estudiantil y las organizaciones sociales constantemente son víctimas de torturas y represiones.

“Es que la transición entre la dictadura y la democracia todavía no ha terminado en Chile”, explica al respecto el Senador chileno Alejandro Navarro. “Primero, porque no hemos tenido ni verdad ni justicia en todos los casos. Y segundo, porque es la constitución de los años 1980 la que sigue vigente. Fue editada por la dictadura de Pinochet. Mientras no hay una nueva constitución que sea votada y preparada por la ciudadanía en una asamblea constituyente, seguiremos por ese proceso de transición”.

Mientras tanto, los exmilitares artífices de la cruenta dictadura reciben pensiones millonarias que paga el pueblo chileno en lo que espera a que el Estado cumpla con su función de garante de verdad y justicia.

Fuente: Colombia Informa.