por Guillermo Pérez,
Dirigente JPRO
A principios del año 2019 la situación política en Venezuela parecía atravesar los momentos más trascendentales para el futuro del Gobierno de Nicolás Maduro, junto a las medidas coercitivas impulsadas desde Washington irrumpe en la escena política internacional la figura del opositor Venezolano Juan Guaidó, quien con el reconocimiento institucional de países de occidente intenta acrecentar la tensión entre Caracas y la comunidad internacional. La situación en la región a principios de 2019 ponía el tablero a favor de las derechas del continente, fue el presidente de Colombia, Iván Duque, el primero en plantear públicamente en enero de ese año el proyecto de un nuevo organismo regional que agrupase a los países de Sudamérica. Su nombre Prosur, la iniciativa estaba siendo trabajada de manera conjunta con el Gobierno de Sebastián Piñera, ambos en ese entonces con una conocida ambición de proyección internacional y principales impulsores de episodios como Cúcuta, entre otros.
Dos objetivos geopolíticos fueron los que empujaron la creación de Prosur. En primer lugar, aumentar la presión internacional contra el Gobierno de Nicolás Maduro, aprovechando el avance de la derecha en distintos países del Cono Sur y el segundo dar el combo final a uno de los principales organismos multilaterales creados por iniciativa de los gobiernos progresistas de la primera década de los 2mil, la Unasur.
La cumbre fundacional del Prosur fue celebrada en Santiago de Chile el 22 de Marzo de 2019, contó con la presencia de 7 Presidentes de Sudamérica, la reunión fue acompañada desde las calles por intensas y masivas manifestaciones que tuvieron como puntos altos los fuertes hechos de violencia policial contra una convocatoria feminista que protestaba contra el Presidente de Brasil Jair Bolsonaro, de fama mundial de misógino y homofóbico, la movilización fue reprimida con fuerza y tuvo al menos una decena de personas detenidas. El 25 de marzo frente al palacio de gobierno se desarrolló el Concierto por la Paz, impulsado por organizaciones políticas juveniles y movimientos sociales, más de 60.000 personas acompañaron a los casi 30 artistas y decenas de organizaciones que suscribieron al manifiesto por la Paz. El documento denunciaba el carácter ideológico y subordinado a los intereses de Estados Unidos del prosur e interpelaba a declarar Latinoamérica y el caribe como zona de paz frente a la amenaza latente de una intervención armada de Estados Unidos en Venezuela. Además de denunciar diversos episodios de violaciones contra los derechos humanos en países como Chile y la situación del pueblo nación Mapuche o la persecución contra dirigentes sociales en Colombia, violaciones que por los presidentes integrantes del Prosur negaron y cubrieron de un manto de impunidad, lo que resulta contradictorio cuando este organismo declara como principio intransable la defensa de los derechos humanos.
Bajo el modelo económico neoliberal estadounidense, abusos contra los derechos humanos en Estados Unidos, Chile y Colombia
Prosur con un cuestionado comienzo, sin muchas claridades de sus tareas, ya entrado 2020 tenía a cada uno de sus miembros con sus agendas fijadas en contener a través de similares recetas en diferentes países la oleada de movilización social que con la llegada de la pandemia no cesó y a los principales liderazgos visibles Duque y Piñera enfrentando estallidos sociales sin precedentes, mientras a raíz del crimen racial de George Floyd a sus socios del norte también les tocaba enfrentar protestas a nivel nacional y que al igual que en el caso de Colombia y Chile despertaron la sensibilidad de la comunidad internacional por la respuesta violenta de estos gobiernos y por los dolores e injusticias que estas movilizaciones comenzaron a visibilizar.
Existe una matriz común que es el modelo económico neoliberal, que ha implicado la privatización de funciones sociales que en un Estado social de derecho son atribuidas al Estado, esa manera de entender la política social y la economía se entrecruzan con otros factores de fondo, y que centrados en el caso de Colombia, Chile y Estados Unidos encuentra en el escenario regional a estos dos países como los mejores alumnos de Chicago en la implementación del neoliberalismo en latam. Así también vislumbramos similares respuestas frente a movilizaciones que ponen en cuestión a este sistema que reproduce desigualdades. En Estados Unidos esto se expresa en la persecución histórica a la población afroamericana y migrante, relegados a los guetos, a la precariedad laboral, que viven a diario la persecución de la policía, realidad que acaba con vidas a diario, representadas en nombres como Michael Brown, Sandra Bland o George Floyd.
Si esto nos parece familiar, es porque en Chile experiencias con la represión brutal nos sobran, desde el estallido social de octubre, que a día de hoy tiene presos políticos, que dejó a miles de personas heridas, con un total de 445 de personas con trauma ocular y por la cual Piñera ha sido profundamente cuestionado por diversos organismos internacionales, el último informe de Amnistía Internacional sobre Chile califica como un legado sombrío al gobierno de Sebastián Piñera y solicita una reforma estructural, profunda y urgente a Carabineros de Chile. Y en el caso de Colombia la situación no dista de la de sus socios, la prisión política y la mutilación ocular se volvieron prácticas habituales de persecución y no podemos olvidar que desde 2016 son ya casi 1000 los lideres sociales asesinados en este país.
En el caso de Estados Unidos el informe 2020 de Amnistía Internacional es lapidario en calificar la situación de los derechos humanos como deplorable, en este año se registraron manifestaciones masivas en todo el país, con la pandemia de COVID-19, las disputadas elecciones generales y una reacción racista generalizada contra el movimiento Black Lives Matter como telón de fondo. En respuesta a los miles de manifestaciones públicas contra el racismo institucional y la violencia policial, las policías emplearon de forma sistemática fuerza excesiva contra manifestantes y defensores y defensoras de los ddhh. Además, el documento consigna que las autoridades “no contuvieron las contramanifestaciones violentas que tuvieron lugar contra reuniones básicamente pacíficas” propiciando el enfrentamiento entre civiles. Se denuncia que el gobierno de Donald Trump también trató de menoscabar los mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos de las mujeres, las personas LGBTIQ+, así como también aprovechó la pandemia para seguir sometiendo a la población migrante a graves vejaciones.
Como si se tratara de una apuesta común estos gobiernos levantaron la burda tesis de que estas movilizaciones estaban motivadas por la intervención extranjera, para ser precisos, apuntaban a Cuba y Venezuela como instigadores de las crecientes manifestaciones en estos países. El primero fue Piñera en Chile, en el primer mes de las protestas iniciadas en octubre de 2019, funcionarios de inteligencia de Carabineros revisaron los antecedentes de 23.221 extranjeros que habían ingresado o salido en los últimos meses. Siguiendo la tesis de que agentes venezolanos y cubanos estaban tras el estallido, se dedicaron importantes recursos a seguir esa pista. Así lo indica la investigación de CIPER Chile, estos informes también demuestran que Carabineros monitoreó a decenas de observadores de derechos humanos e inclusive interceptó llamados telefónicos de artistas y personas ligadas al mundo de la televisión en contexto de buscar supuestas coordinaciones para provocar hechos de violencia en contexto de protesta.
La tesis de Piñera tuvo respaldo desde Estados Unidos, la OEA y el Grupo de Lima, y para 2020 cuando se inician las protestas en Colombia y el Black Lives Matter en Estados Unidos, tanto Duque como Trump asociaron las protestas sociales a factores de intervención extranjera, Mientras Trump habló sobre anarquistas, Duque y Piñera apuntaban a subversivos para explicar un dilema social y económico que tiene raíces más profundas, para presentarlo como un asunto de orden público y así militarizar el conflicto. Esto pasó en estos 3 casos y da a entender que ninguno de estos presidentes comprendió la real dimensión de un estallido social o que, entendiéndolo, buscan generar este discurso para cohesionar a sus fuerzas de base y desmovilizar.
Este discurso no es casual y responde a una estrategia de la OEA de agudizar el discurso contra los países excluidos de Prosur, la idea de disputar el sentido común con el relato del oscuro plan preparado desde Caracas junto al foro de Sao Paulo ciertamente ayudaría a alimentar el discurso de odio contra Venezuela lo que facilitaría las intenciones de Piñera, Duque, Bolsonaro y Macri de colaborar a EE.UU en una intervención armada contra el país caribeño.
Los derechos humanos son sólo una herramienta al servicio de la geopolítica estadounidense
Aunque el respeto pleno a los derechos humanos fue definido como condición imprescindible para ser parte del Prosur y bajo esta premisa han excluido a algunos países, el foro ha pasado por alto las graves violaciones en Chile y Colombia demostrando de esta manera que más que una instancia autónoma y objetiva de países es un espacio al servicio de los intereses políticos de sus fundadores Piñera y Duque, quienes en coordinación con Washington asumieron una actitud beligerante con el tema Venezuela, incluyendo la preparación de operaciones de carácter militar en coordinación con Estados Unidos, al mismo tiempo que desde Prosur guardaron silencio con el golpe de Estado en Bolivia, donde el entonces Presidente Mauricio Macri miembro fundador del foro dio apoyo clave en el golpe contra Evo Morales en el vecino país Andino.
Estas graves violaciones a los derechos humanos que desde Washington ven con silencio cómplice, ya que para los Estados Unidos la condena a los derechos humanos, incluyendo dentro de su propio país se abordan de manera selectiva conforme a los intereses de turno, si no pregunten a Juan Guaidó quien dejó de contestarle el teléfono…
Fuente: Defrente.cl