Por: Rodrigo Pinto

En medio de la crisis sanitaria, económica y social desatada en el país a causa de la propagación e impacto del coronavirus, en el Congreso un grupo de senadores junto a la Coordinadora No Más AFP, presentaron una reforma para derogar el poco conocido decreto ley 3500 de 1981 que creó el actual sistema de pensiones. El proyecto generó un debate público que vale la pena analizar considerando que atravesaremos por la crisis económica más importante en el mundo después de la depresión del 29, y las AFP son parte importante del modelo económico.

Más allá de las observaciones del texto, la propuesta impulsada por el senador Alejandro Navarro, busca en su espíritu, terminar con el actual modelo de administración exclusivamente privado que tenemos para la entrega de pensiones a trabajadores en edad de jubilación.

Si miramos el debate desde la convivencia democrática y bienestar de las sociedades en un aspecto clave como son las jubilaciones, el filósofo político estadounidense y profesor de Harvard, Michael Sandel, en su libro, Lo que el dinero no puede comprar, describió que, “la democracia no exige una igualdad perfecta, pero sí que los ciudadanos compartan una vida común”.

En complemento y respuesta a Sandel, el abogado y rector de la Universidad Diego Portales, Carlos Peña, en Lo que el dinero sí puede comprar, postuló que “los individuos no son iguales en las preferencias que procuran realizar, son iguales porque tienen el mismo estatus a la hora de participar”, y aseguró que “los ciudadanos de una democracia se ven así mismo como socios de una empresa común de autogobierno colectivo”.

Aterrizando ambas referencias al plano de las pensiones, Chile no solo delegó la administración de las jubilaciones al mercado y la especulación, sino que generó un sistema de solvencia para los grandes grupos económicos y un suculento negocio para sus principales dueños, que al 28 de febrero de 2020, administró fondos provenientes de los cotizantes cercanos a los US$ 195.130 millones, equivalentes a un 80,7% del PIB.

Sabiendo esto, calificativos como “expropiatorio”, “populista” o “izquierdista” para la propuesta, no dejan de ser solo epítetos básicos que buscan desviar la atención del fondo y acotar la conversación sobre el cambio al sistema de pensiones, evadiendo el categórico y comprobado rechazo internacional que existe a la privatización de las jubilaciones.

Michael Sandel también dijo en su obra que, “en ocasiones decidimos convivir con una práctica mercantil moralmente corrosiva en interés del bien social que esta produce”, y esto fue en parte, lo que la sociedad chilena hizo con el sistema de pensiones; aceptarlo con la promesa de la prosperidad y el bien social, y posteriormente convivir con él sabiendo que significaba una práctica mercantil moralmente corrosiva a favor de los grandes grupos económicos.

Por ello, solo un sesgo dogmático neoliberal y un sentimiento de pertenencia traducido en un temor a “destruir la obra”, puede explicar la férrea defensa corporativa que, desde el Ejecutivo, la derecha clásica y la élite económica despertó la reforma constitucional que empuja al fin del modelo de las AFP tal como lo conocemos hasta ahora. La transición a un nuevo sistema de pensiones es urgente para poner fin a la precariedad de las jubilaciones.

El coronavirus y la recesión mundial demanda nuevamente poner en el centro del debate político, los cambios estructurales que el país puso en la agenda posterior al 18 de octubre.

Uno de ellos es sin duda las pensiones, por lo tanto, derogar el decreto ley 3500 que se propone en el Senado, es el punto de partida de un camino al que Chile culturalmente ya comenzó a transitar.

Fuente: Cooperativa