Belén Calcagno Valdés,

Vocera Callejeras Autoconvocadas Biobío y Vicepresidenta regional de Género

Macarena Trujillo Cristoffanini,

Académica Universidad de Playa Ancha

Chile y el mundo atraviesan una pandemia con un fuerte impacto en las diversas esferas sociales y, por esto, comprendemos que los esfuerzos se deben concentrar en garantizar la salud de la ciudadanía y evitar que aumente su propagación. Frente a la decisión de cuarentena como medida de prevención, es importante resguardar la salud física y mental de las mujeres que se encuentran conviviendo con sus agresores.  Porque las mujeres sabemos, que la casa no siempre es un lugar seguro.

La violencia de género es una realidad que -con anterioridad a la expansión mundial del Coronavirus- ha sido declarada por la organización Mundial de la Salud, precisamente como una Pandemia mundial, que provoca más muertes que la tuberculosis, la malaria y todos los tipos de cáncer juntos (ONU, 2016). Según datos del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, en nuestro país, una de cada tres mujeres ha vivido algún tipo de violencia psicológica, física y/o sexual (SERNAMEG, 2016).  Y estos datos nos preocupan aún más hoy, cuando nos encontramos en contextos de cuarentena y confinamiento, en los cuales este tipo de violencia puede amplificarse.

El aislamiento de familiares y amistades debilita el tejido social y las redes informales, las que son cruciales a la hora de denunciar y/o finalizar relaciones en las que existe violencia de género. A su vez, las redes formales -como juzgados o centros de salud- son menos accesibles o están abocados en solucionar otras problemáticas vinculadas a la contingencia, viendo disminuida su capacidad de contención en el caso de situaciones relacionadas con violencia machista. A esto, podemos sumar la dependencia económica que implica, por las propias desigualdades de género, menor acceso a recursos económicos por parte de las mujeres; situación especialmente agravada en el contexto actual. Esta dependencia material, coarta aún más la posibilidad de finalizar relaciones en la que existe violencia, especialmente existiendo hijos e hijas en común a los que se debe mantener. En esta misma tónica, quisiéramos mencionar cómo el no pago de la pensión alimenticia se constituye en un tipo de violencia económica también enmarcada en las relaciones de género, que implica una situación de menoscabo de todas aquellas mujeres que deben afrontar el sustento de sus hijas e hijos, y; que, en el marco de la precarización económica presente, maximiza la situación de dependencia.

Por esto, recalcamos que la violencia de género es estructural y transversal en la vida de las mujeres, y se constituye como un problema que debemos enfrentar urgentemente, ya que puede derivar no sólo en un aumento de la tasa de femicidios; sino también en un sufrimiento cotidiano y constante en la vida de miles de mujeres, y que afecta de igual manera a los hijos e hijas.

Es imperativo que el Gobierno garantice la seguridad y salud mental de mujeres, niñas y niños durante esta crisis sanitaria. Debe proponer medidas concretas que aseguren una red de apoyo, no sólo virtual, sino también de resguardo físico, sexual y emocional. En definitiva, que se garantice a las mujeres el derecho a vivir una vida libre de violencia.

En este contexto, han sido las organizaciones feministas y de la sociedad civil quienes han visibilizado cómo este tipo de violencia puede verse intensificada en el contexto actual.  Si bien existen teléfonos institucionales de orientación, tales como el 1455 del Sernameg, 134 de la PDI y 133 de carabineros, para quienes sufren de violencia, esta red de apoyo es insuficiente. Además, este Gobierno está en deuda en materia de género. El silencio que caracterizó a la ex ministra de la Mujer y Equidad de Género, Isabel Plá, ante las violaciones a los DDHH de mujeres y el colectivo LGBTQI+, durante la revuelta social iniciada el 18 de octubre – tal como lo manifestaron las Callejeras Autoconvocadas Biobío en una intervención urbana realizada el 29 de enero de este año en Concepción- sumado a la nula gestión y avance en la materia, demuestran su evidente desinterés. Más bien, hubo estancamiento y retroceso en lo conseguido en gobiernos anteriores. Estas situaciones, solo visibilizan las falencias que existen actualmente en nuestro país para hacer frente a la violencia de género. Necesitamos urgentemente una ley integral para enfrentar todos los tipos de violencias que se enmarcan en las desigualdades de género.

Si bien celebramos la materialización de la ley 21. 212, aprobada el 4 de marzo del 2020, y que amplía la definición de femicidio, también conocida como Ley Gabriela, comprendemos que ésta es insuficiente ante la ley 20.066 de Violencia Intrafamiliar, que aúna en una sola tipificación diversas formas de violencia, que como resultado invisibiliza a aquellos malos tratos y agresiones que tiene como sustento en un sistema social, económico y político como es el patriarcado. También es de máxima importancia que toda ley, programa o política, que tenga como fin erradicar la violencia contra las mujeres en cualquiera de sus formas, integre a las mujeres migradas, independiente de su situación migratoria.

Porque nos duelen y nos llena de rabia los diez femicidios perpetrados durante este año en nuestro país, sin olvidar que ocho de esas mujeres también eran madres. Igualmente, nos indigna, el femicidio ocurrido en la región de Atacama hace unos días atrás, donde Maribel Mallea Quinzacara fue asesinada por su ex pareja.  Caso en el cual el agresor también mató al hijo de Maribel, de 7 años, visibilizando la violencia vicaria que viven miles de los niños y niñas. Es más, este caso puede señalarse como femicidio vinculado, concepto impulsado -entre otras- por la ONG Casa del Encuentro, y en el que se consideran aquellos asesinatos ocurridos a personas con un vínculo familiar o afectivo con la mujer agredida y que se cometen específicamente con el objeto de castigarla.

En este contexto, requerimos acciones que cambien la realidad actual de las mujeres, de las que hoy viven violencia de género en el marco del confinamiento y aislamiento social; pero, por sobre todo, exigimos cambios que nos permitan combatir y erradicar las agresiones sistemáticas enmarcadas en las relaciones desiguales de género.

Y haciendo eco de las voces del colectivo de Mujeres por la Vida, que tanto marcaron la historia de nuestro país denunciando activamente la violación a los derechos humanos en la dictadura cívico militar de Pinochet, lo necesitamos Hoy y No Mañana.