Por Gonzalo Valenzuela
Chile debe detener todo nivel de violencia y abuso impregnados en nuestra cultura injusta frente a miles de mujeres, niños y hombres que han sufrido abusos sexuales, violaciones y acoso sexual callejero.
Debemos parar con el cinismo y la ironía incluso en la costumbre jurídica y la falta de protección que existe en las personas que son violentadas. Debemos aprender de lo ocurrido en Puerto Montt con la pequeña Sophie, en Licantén con Emmelyn y con todos los testimonios de personas que han sufrido algún tipo de abuso y violencia sexual.
Hace casi 2 años publiqué un artículo en un medio nacional donde recalcaba frenar el acoso callejero, en esa oportunidad muchas mujeres hicieron llegar sus testimonios informando que habían sufrido acoso sexual inclusive desde los 9 y 10 años de edad; en paralelo el Observatorio Contra el Acoso Callejero (OCAC) indica que a partir de los 14 años las niñas comienzan a sufrir acoso sexual; mientras que el 20% de las mujeres con 18 años o más, lo sufre todas las semanas. En nuestro país aún no existe regulación frente al acoso callejero y en los casos de denuncias se recurre al artículo 373 del código penal, que identifica el delito de “Ofensas al Pudor”, situación que deja al desamparo la protección e integridad en las personas que son violentadas por el acoso sexual callejero, ya sea mediante acercamientos intimidantes, roces, tocaciones indebidas, registros audiovisuales del cuerpo de otra persona, persecución a pie o en medios de transporte, entre otros.
Hace casi dos años (2016) se aprobó en la cámara de diputados el proyecto de ley Respeto Callejero, que entiende al acoso sexual callejero como “todo acto de naturaleza o connotación sexual, cometido en contra de una persona en lugares o espacios públicos, o de acceso público, sin que mantengan el acosador y la acosada relación entre sí, sin que medie el consentimiento de la víctima y que produzca en la víctima intimidación, hostilidad, degradación, humillación, o un ambiente ofensivo en los espacios públicos”.
Han pasado más de dos años y su tramitación aún sigue inconclusa, ya que falta la aprobación del Senado, siendo difícil comprender cómo leyes tan importantes de promulgar aún siguen en algún archivador por una parte del Congreso.
Fuente: El Llanquihue.