por Rodrigo Pinto Torrejón
Presidente de las Juventudes Progresistas
Llama la atención que en los últimos 15 años los mayores cambios a la dinámica político, económico y social construida post dictadura han sido impulsados por las nuevas generaciones. Su rol ha sido fundamental para poner sobre la mesa nuevos paradigmas en el sistema neoliberal chileno, como la instalación de la educación como un derecho que debe ser garantizado por el Estado producido por el movimiento estudiantil en 2006 y 2011, el enfoque ambiental en el discurso a partir de la explosión de conflictos socioambientales en diversas regiones del país, o la mirada feminista producida por el movimiento de mujeres en 2018, lo que ha traído en cada proceso correspondiente, una catarsis social que incomoda a los gobiernos de turno.
Coincidentemente, durante los gobiernos del empresario derechista Sebastián Piñera se han desatado la mayoría de estas olas, por lo que la juventud en alguna u otra medida, han sido la principal fuente de resistencia a las políticas neoliberales de los gobiernos de la inacabada transición.
Por eso no llama la atención la profunda agenda anti juventud que ha impulsado esta vuelta de Piñera a La Moneda, con algunos proyectos de ley que precarizan la vida desde temprana edad – como el estatuto laboral joven – y otros que marginan de la sociedad al eslabón más débil de la cadena social – como la ley Aula Segura. Pese a ello, es la juventud la que ha salido con fuerza a rechazar la arremetida derechista, evidenciando con ello, que existe una masa adolescente crítica de los procesos políticos históricos que hemos sufrido como país, curiosa de involucrarse en el devenir de su Patria, y activa pese al poco interés que reflejan las encuestas juveniles sobre la política y los partidos políticos.
Este patrón relacionado a las características de la juventud ha motivado en diferentes años la presentación de diversos proyectos de ley que buscan bajar la edad de votación para incluir a jóvenes adolescentes en el patrón habilitado que elige a sus representantes. Actualmente la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía del Senado discute la iniciativa de rebajar la edad de votación a 14 años en las elecciones municipales y a 16 en las parlamentarias y presidenciales, constituye una oportunidad para construir las mayorías político sociales necesarias que puedan generar el consenso requerido para la aprobación de un cambio constitucional de este tipo.
Soy un convencido que esta iniciativa es una buena noticia para el país y una posibilidad de entregar la pelota a quienes nunca la han tenido en estos 30 años de democracia imperfecta. Seamos claros. El Estado tiene una deuda con las niñas, niños, jóvenes adolescentes y adultos jóvenes del país. Durante estos años el Estado abandonó su rol protector y defensor de la juventud y a cambio, en 1998 con un gobierno de centro izquierda, les eliminaron la educación cívica de la educación pública, en 2005 les otorgaron la responsabilidad penal, les escondieron la educación sexual y a los más desafortunados los enviaron a un centro público donde les abusaron, violaron y mataron.
Es un deber moral que el Estado de Chile entregue la posibilidad a la juventud de poner su voz dentro de la urna. Argumentos a favor hay de sobra; la juventud tiene de más temprana edad acceso a la información, son el principal motor de cambio de las sociedades, legalmente tienen reconocido su discernimiento entre lo bueno y lo malo a través de la responsabilidad penal, la actual Constitución ya les reconoce su derecho político a la participación a través de la ley que los habilita para votar en sus juntas de vecinos, pueden casarse, tener un contrato de trabajo, tienen una mirada de futuro y son más conscientes de la situación del planeta producido por el calentamiento global, por nombrar algunos.
Del otro lado, el principal argumento en contra dice de la poca consciencia de los procesos políticos y sociales por parte de los adolescentes, su capacidad de ser influenciables, su nulo interés de participación y su pobre pensamiento crítico que impide llegar a la papeleta con un discernimiento claro. Afirmaciones que carecen de realidad empírica y esconde una serie de prejuicios sobre la población joven del país. Considerando que el 84% de los chilenos no entiende lo que lee, ¿sería democrático privar del voto a quienes no cuentan con un nivel educacional “adecuado” para ejercer su derecho político a elegir y ser elegido?, ¿son las personas adultas menos influenciables al momento de una elección? ¿Será que la juventud no participa por la decepción, desconfianza y poca credibilidad en las instituciones y partidos políticos?
Lo claro es que, a la luz de las iniciativas presentadas, donde hay proyectos firmados por parlamentarios de todos los colores políticos, existe un consenso en que se debe avanzar en entregar el derecho político de votar a la juventud. Y en tiempos en donde el segundo gobierno de Piñera ha centrado en la juventud el chivo expiatorio de todos los males de la sociedad, se torna urgente y necesario legislar este proyecto.
Porque existe una juventud que responde, organizada, contestaría, intolerante a la injusticia y a la mercantilización de la vida, consciente que Chile sufre una crisis profunda en el seno del espíritu de la sociedad consecuencia de la disminución del brazo público. Una juventud que quiere mejorar, que anhelan un país próspero, benefactor y que garantice desarrollo y seguridad social para sus habitantes. Eso demuestra la madurez política y la valentía de afrontar los desafíos actuales que enfrenta la ya en crisis gobernabilidad neoliberal heredada de la dictadura cívico militar (respaldada por los dos grandes partidos de la actual derecha política).
En pleno 2019 la juventud se organizó y actuó ante las leyes represivas del gobierno de Sebastián Piñera como Aula Segura, que una vez aprobada activó un aparato persecutor de estudiantes dirigente. Es un último ejemplo que entrega mérito suficiente para que se estudie como posibilidad real la rebaja en la edad de votación para las próximas elecciones. Es una oportunidad para Chile de hacer un punto aparte y avanzar.