Chile es uno de los países más desiguales del planeta. Hace más de una década la OCDE constató que nuestro país sostiene un sistema educativo profundamente segmentado. Dicha institución manifestó que esta división era mayor dentro de la escuela que fuera de la misma. Esta segmentación del sistema escolar chileno, que es antigua, se profundizó a mediados de los noventa con la incorporación del “financiamiento compartido”. Nuestro sistema escolar se ha ido constituyendo en una especie de “apartheid educativo”.
Como si no bastara con una segregación socioeconómica, diversos estudios muestran que la escuela en Chile es un espacio de reproducción del modelo patriarcal. Se siguen promoviendo cánones androcéntricos heteronormativos a través de los textos escolares y las actitudes del profesorado. A esto se agregan las críticas que se hacen a la dirección de las políticas en educación intercultural bilingüe. Además, el aumento de la migración en los últimos años ha puesto el acento en la inclusión cultural, ampliado el concepto de educación inclusiva más allá de la “atención a la discapacidad”.
El actual gobierno implementó la Ley de Inclusión Escolar con el fin de desarmar el sistema de segregación en que se encuentra envuelto nuestro sistema educativo. Con dicha normativa se avanza, de forma paulatina, en la eliminación de la segregación de tipo económico.
Esta iniciativa legal, junto a propuestas como las “orientaciones en torno al derecho a la educación de jóvenes LGTB” o el “decreto Nº 83/2015” que continúa la línea de inclusión educativa, constituyen ejemplos de normativas y marcos de acción que apuntan a resolver, a través de diversas vías, las desigualdades existentes en nuestro país. Desde el ámbito académico, creemos que se debe avanzar un poco más.
Hemos visto debates políticos y académicos acerca de la Justicia Social en educación. Aquellas propuestas se han centrado en comprender la justicia social como un camino que redistribuye bienes y servicios. Es decir, se ha puesto el centro en lo material, que es importante, pero no es lo único.
Se ha dejado de lado, en parte, aquellos conceptos que están basados en el reconocimiento, una visión centrada en las relaciones sociales entre los individuos y grupos que pertenecen a las instituciones en las que viven y trabajan. También, han jugado un rol marginal, aquellas posturas que apelan a la participación. Es decir, que además de la redistribución y el reconocimiento, se contemple la participación en la toma de decisiones.
En la idea de poder avanzar en esta discusión y aportar, desde lo académico, hemos construido el Centro de Investigación en Educación para la Justicia Social. Nuestra labor se centra en el rol que juega la educación en la construcción de una sociedad más justa.
Estamos felices de entregar al país un centro que analiza los conceptos de Justicia Social y cómo estos son considerados en el proceso educativo. En este trabajo nos unimos académicos y académicas provenientes de universidades que durante mucho tiempo han estado fuera de la toma de decisiones, un centro que apunta a la renovación desde las regiones.
Nos constituimos como una propuesta sostenida por universidades ancladas en comunidades que sufren la injusticia. A este centro, con sede en la Universidad Católica del Maule concurrimos investigadoras, investigadores y estudiantes de las universidades Arturo Prat, Católica Silva Henríquez, Metropolitana de Ciencias de la Educación y Católica de Temuco. Una expresión de la diversidad de Chile.
Uniendo norte y sur con instituciones que, más allá de su pertenencia, tienen una marcada vocación de servicio social.
Sabemos que estamos navegando en un terreno difícil. Es un periodo donde se tomarán decisiones importantes para el futuro de nuestro país. Nuestro desafío está puesto en aportar al debate educativo en el contexto de un Chile profundamente desigual.
Creemos que el profesorado, tanto en las universidades como en las escuelas, debe ir aprendiendo y enseñando en la dirección de la Justicia Social comprendida como un acto permanente.
Evocando las palabras de Paulo Freire, la educación también es “la entrega a la defensa de los más débiles sometidos a la explotación por los más fuertes”.
Queremos una educación para un país más justo, para esto estamos trabajando y convocando.“`