Alan Fancelli, vicepresidente JPRO
Leticia Fuentes, 5to año Derecho UAH
Desde la denominada “Marcha más grande de Chile”, el gobierno encabezado por Sebastián Piñera ha intentado, de formas absolutamente desafortunadas, acallar el clamor popular, partiendo por intentar apropiarse de una manifestación creada en su contra, con la consigna principal Renuncia Piñera, expresando que la marcha “abre grandes caminos de futuro y esperanza, que todos hemos escuchados el mensaje”. Por otra parte, la entonces Intendenta Karla Rubilar señaló que la marcha “Nos pertenece a todos, incluso al gobierno”, provocando aún más rechazo, descontento y burlas entre los manifestantes.
En este orden de cosas, es que nuestro “honorable” presidente citó a los partidos políticos consagrados como “grupos intermedios” en el artículo 1 inc. 3 de la Constitución Política de la República, intentado dar atisbos de diálogo entre mudos, ya que hoy por hoy, los partidos políticos que se han ido a reunir con el gobierno no tienen ninguna injerencia respecto a este estallido social, no son portadores de la voz. La ciudadanía más bien los siente y cree parte del problema, al no haber sabido dar una solución a las grandes problemáticas del país 30 años de vuelta a la democracia, dando sensaciones de desconfianza, apropiación de lo que no les pertenece e inoperancia al reunirse nuevamente con un gobierno incapaz a puertas cerradas y a espaldas del pueblo. “Los partidos políticos no podrán intervenir en actividades ajenas a las que les son propias ni tener privilegio alguno o monopolio de la participación ciudadana”, art. 19 N°15 inc. 5.
Creemos que ninguna solución íntegra y decente se puede zanjar sin la participación de los diversos actores del mundo social y político, por lo tanto, el gobierno se inmola constantemente y en cada declaración, al creer que podrá lograr el anhelado el silencio del clamor popular con los partidos del centro a la derecha , entendiendo que en el país aún se siguen cometiendo violaciones a los Derechos Humanos propiciadas por agentes del Estado, en el que fue un Estado de emergencia inconstitucional que tiene un solo responsable, Sebastian Piñera.
La demandas sociales exigen un cambio estructural al cual el gobierno en su totalidad no supo responder, donde su único salvavidas institucional fue un cambio de gabinete deficiente en el que más bien corresponde a un enroque y no a la salida de ministros incompetentes. La agenda social impulsada por el gobierno se hace insuficiente para un clamor popular serio que en su totalidad exige un nuevo pacto social a través de una Nueva Constitución, que no va a venir a resarcir todos los males y tampoco a crear un nuevo Chile como se ha querido plantear desde la derecha, la cual la ha descartado como vía idónea y necesaria para salvaguardar y hacer cumplir las demandas de la ciudadanía, pero si podría comenzar con el objetivo principal, materializar en derechos exigibles las demandas, hasta que la dignidad se haga costumbre.