Cristián Mora
Consejero Regional del Maule
Cuando hablamos de Constitución nos referimos a un texto jurídico que contiene las normas fundamentales de nuestra institucionalidad. Se refiere y relaciona, en sentido amplio, a un Contrato Social o, en sentido estricto, a las reglas del juego.
Nuestra historia Constitucional nos muestra que de las tres Cartas Fundamentales que han existido; 1833, 1925 y 1980, todas han sido engendradas en períodos oscuros y fratricidas. Podríamos citar a Marx, apelando a una verdadera lucha de clases. Pero para este caso no se cumple, porque la clase dirigente masacró a su propio pueblo teniendo los medios de producción, el poder económico, las armas (ejército) y, por si fuera poco, los privilegios que hasta hoy gozan sus descendientes.
En ninguno de los tres casos, el pueblo o el poder constituyente ha manifestado su voluntad bajo el principio de Soberanía Popular. Este principio, tan genuino y auténtico que concede a los pueblos la autodeterminación de participar directamente en la construcción de una sociedad libre.
El voto censitario, el rechazo del voto femenino, la privación de los analfabetos fueron los obstáculos que los conservadores históricamente utilizaron para eliminar la participación de la mayoría de los ciudadanos gracias a la manipulación jurídica de sus Cartas Fundamentales, escritas con su puño y letra.
los derechos sociales y culturales fueron transados como mercancía
La actual Constitución de Chile no tiene nada de republicana y es muy poco de democrática. Luego del golpe de Estado en 1973, no sólo se configuró un nuevo modelo político, también una profunda transformación económica y social. El modelo Neoliberal contaminó, hasta hoy, todas las áreas de la vida. La privatización de servicios (sanitarias, electricidad, telecomunicaciones), la apertura a los privados de áreas antes estatizadas (el sistema universitario, la televisión, la previsión social y de salud) ejemplifican estos frutos del neoliberalismo. Además, de la explotación de los recursos naturales y la depredación indiscriminada de nuestro medio ambiente.
Por lo anterior, la transformación a un Estado subsidiario. Es decir, la concepción neoliberal de la economía que subordina al Estado a su expresión mínima por razones ideológicas y que, en el caso chileno, suponía en su origen también una “democracia mínima”. El Estado puede intervenir en un asunto económico solo cuando la iniciativa privada no puede hacerlo, o no tiene interés, más aun si la iniciativa privada se siente discriminada por una acción estatal, ésta debe compensarla e indemnizarla. Los servicios públicos fueron privatizados o, mejor dicho, los derechos sociales y culturales fueron transados como mercancía cuando en su esencia cabe la garantía de los mismos.
Los y las trabajadores de Chile, siguen sometidos al Plan laboral de la dictadura que inclina la balanza hacia los empresarios. Donde la mitad de la masa trabajadora de nuestro país percibe un salario de miseria. El mayor engendro de la Constitución del 80, son las AFP’s. Un sistema de ahorro forzoso y capitalización individual, que bajo ninguna forma es un sistema de protección social. Donde las 6 familias más poderosas de Chile se favorecen y especulan con nuestros ahorros, condenando a nuestros adultos mayores a la precariedad y humillación legitimada.
Todo lo anteriormente descrito es auspiciado por la Constitución neoliberal y tramposa del 80.