Jonatan Díaz Herrera
Secretario General
Tras la promulgación de la Ley que permitirá la elección de gobernadoras y gobernadores regionales, diferentes sectores hemos manifestado nuestra profunda preocupación por los tiempos que el gobierno se ha tomado en el desarrollo complementario de la Ley, la falta de atribuciones y competencias que tendrá esta nueva autoridad democrática y los vacíos que aún no logran el consenso político.
Desde junio de 2019 a la fecha seguimos a la espera de las conclusiones de una mesa técnica, cuyo carácter asesor solo puede presentar más dudas que soluciones ante el todavía pendiente debate legislativo que se pretende zanjar con una “ley corta”, toda vez que la redacción final de las conclusiones de dicha mesa quedó en manos de la misma Subdere. Ante las críticas de las y los integrantes que han acusado que no se alcanzaron consensos en todas las materias, de cualquier modo es una mesa sin carácter vinculante y con menor peso que la Comisión Asesora Presidencial de Descentralización presidida el año 2014 por Esteban Valenzuela, y que entregó al gobierno de la presidenta Michelle Bachelet un acabado documento que este gobierno a todas luces ha ignorado.
El presidente Sebastián Piñera no tuvo la capacidad de proponer al país un modelo integral para las regiones, dejaron el proceso de descentralización inconcluso y postergado, lo que nos enfrentará a un gobierno regional incompleto, con una autoridad sin atribuciones ni competencias suficientes para llevar a las regiones al tan anhelado desarrollo.
Por otro lado, el gobierno, de la mano de Felipe Salaberry, Subsecretario de Desarrollo Regional (SUBDERE), no ha presentado ningún avance en materia de financiamiento regional, ha desechado el proyecto de Ley de Rentas Regionales propuesto, y recientemente ha anunciado que recién en enero de 2020 propondrá una batería de competencias susceptibles de transferir. Cada acción de Salaberry parece solo tener fines dilatorios, ante un claro abandono de deberes a menos de un año de la primera elección de gobernadoras y gobernadores regionales, situación que a mi juicio responde a la más pura hipocresía programática.
Por otro lado, los decretos publicados en el mes de junio de este año, solo traspasan competencias del Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS), el Servicio de Cooperación Técnica (SERCOTEC) y la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) a los gobiernos regionales, lo que permitirá administrar algunos fondos asociados a estas instituciones, como las iniciativas de la Corfo, el fomento a la calidad focal, programas territoriales integrados y los bienes públicos regionales. Solo migajas, solo tareas que no otorgan un poder real, lo que significa que los gobiernos regionales no podrán administrar más allá del 5% del presupuesto regional mientras el otro 95% seguirá siendo controlado por el nivel central por medio de la SUBDERE. Por esta razón, el gobierno ha puesto mayor preocupación en como solucionaran las controversias del gobernador o gobernadora regional con el nivel central y con el delegado o delegada presidencial, que en la construcción de un “sistema de transferencia de competencias”, basado en antecedentes técnicos de gestión. Todo indica que el ejecutivo ha desechado todo lo avanzado en el gobierno anterior, pero no tiene idea con qué reemplazarlo.
Por esta razón, estamos convencido que lo que no se nos da, se conquista; y que no es una opción dilatar la elección de gobernadores/as como lo han propuesto algunas voces de la derecha. Asumimos en un ejercicio de responsabilidad que es fundamental definir el perfil de quien conduzca por primera vez cada una de las regiones del país, porque esta persona será quien lidere la lucha contra el centralismo. El próximo gobernador o gobernadora tendrá la responsabilidad de poner en marcha y movilizar a todo el territorio para “tomar por asalto” el lugar que a cada región corresponde, por lo que es necesario que se trate de perfiles que encarnen esta batalla, verdaderos regionalistas y no vasallos del poder central.
Tomar por asalto el poder, en el imaginario colectivo puede sonar violento, pero lejos de esta imagen, se debe entender que esta metáfora es de la perspectiva de la postergación, que nos ha demostrado que nada nos será dado a las regiones sino exigimos aquello que el poder central no quiere entregar. Y no solo se trata de quitar una u otra competencia, sino de reivindicar aquello que por derecho merecemos los territorios, que es decidir los destinos de nuestro desarrollo