Alejandro Navarro

Senador Progresista

El asesinato del joven comunero Camilo Catrillanca (24 años) en manos de un comando de la policía militarizada del Estado de Chile, se suma a la triste lista de muertos que pesa sobre los gobiernos de la post dictadura, como Alex Lemun (17 años), Matías Catrilleo (23 años) y José Mendoza Collío (24 años) asesinados en los mandatos de Lagos y Bachelet.  Hoy es preciso buscar soluciones de fondo.

De manera urgente, se requiere que Chile respete su propia institucionalidad y los tratados internacionales suscritos. Debe dejar de matar jóvenes a balazos por la espalda, de torturar niños y niñas, de golpear mujeres embarazadas.

Pero el problema no termina allí. La cuestión de fondo no son las prácticas ilegales del Estado de Chile, sino la ley misma, sobre todo en relación a la propiedad de la tierra.

El pueblo mapuche, su cosmovisión y su cultura, están profundamente vinculados al territorio, no como espacio a explotar, sino lugar de desarrollo pleno y equilibrado entre las gentes y las demás formas de la naturaleza. Es una lógica jurídica diferente, sustentada en la propiedad común y el respeto a la Ñuke Mapu, cuestión que trasciende la racionalidad moderno/capitalista sobre la que se basa nuestra legislación.

Habrá que recordar, que el pueblo Mapuche resistió el embate de dos imperios, el inca y el español. Durante la primera etapa de la República el Wallmapu en Chile se extendía entre los ríos Biobío y Toltén, cuyas tierras y autonomía quedaron ratificadas en el Tratado de Tapihue del 7 de enero de 1825, bajo el gobierno de Freire.

No fue sino hasta 1862, de la mano del militar sanguinario Cornelio Saavedra y bajo el gobierno de José Joaquín Pérez, que Chile comenzó la invasión militar de las tierras mapuche, desatando una guerra de treinta años, que culminó en 1883 con la reclamación fiscal del territorio y el confinamiento de las comunidades indígenas a reducciones territoriales, mediante títulos de merced, que otorgaban predios determinados a las comunidades, cuyos deslindes tampoco fueron respetados ni por el Estado, ni por los colonos.

De ahí en más, se procedió al desarme de las comunidades mediante leyes como la 4.169 de 1927, que permitía la partición de los predios en parcelas individuales, cuestión que afectó aún más sus formas organizativas. Un punto de quiebre en la lógica colonial del Estado de Chile sobre el Wallmapu, fue la reforma agraria comenzada en 1962 y que tuvo su punto más alto con el Presidente Allende, quien durante su mandato restituyó más de 1.300 hectáreas, pero que fue truncado por la dictadura cívico militar de Pinochet, quien arrebató a los mapuche el 84% de las tierras que habían sido restituidas.

En 1974, Pinochet dicta el DL 701, que potenció fuertemente la explotación forestal en las tierras usurpadas, que subsidió el 75% de los costos de forestación y concentró el 78% de la industria en tres grupos económicos, afectando además la biodiversidad y la disponibilidad de recursos hídricos para la agricultura mapuche. La historia del Estado de Chile en relación al Wallmapu, es la historia de la invasión, la colonización y el genocidio; cuestión que no ha cambiado en los últimos 28 años de democracia.

En 1993, bajo el gobierno Patricio Aylwin, se dictó la ley 19.253 de Desarrollo Indígena, que incluyó un Fondo de Tierras y Aguas para restituir parte del territorio invadido. Un saludo a la bandera, un naufragio más de nuestra curiosa democracia. A la vista está su fracaso.

La pregunta es ¿cuántos muertos más necesita Chile para entender que su estrategia fracasó? No pudo el ejército realista, no pudo el ejército chileno, no podrá el comando jungla. Al pueblo Mapuche no lo derrotará, ni lo integrará el Estado.

Países como Canadá y Nueva Zelandia lo entendieron. El único camino para la paz es la justicia, que en este caso implica restituir las tierras usurpadas y devolver la autonomía política a los pueblos indígenas, bajo los mecanismos que sean necesarios. Chile debe sentarse a negociar con las autoridades tradicionales, dejar de inventar orgánicas fraudulentas como las que contempla en el PL del Consejo de Pueblos y reconocer los cacicados que son más antiguos que la misma república.

La Constitución, la misma que redactó Pinochet y Jaime Guzmán, lo permite. El artículo 19 contempla la expropiación por el bien superior del país, y no puede haber un bien más alto que la paz.

Debemos expropiar lo que haya que expropiar e indemnizar a quién haya que indemnizar. No queda espacio para salidas intermedias, no hay moral para pedir al pueblo mapuche su rendición en un conflicto que ellos no comenzaron. Si Chile quiere paz, debe dejar de hacer la guerra.

Fuente: El Mostrador.