Por Rodrigo Urzúa
La Ley Nº 20.337, dictada en abril de 2009 durante el Gobierno de Michelle Bachelet, estableció a nivel constitucional la idea del “voto voluntario” y de un sistema de inscripción “por el solo ministerio de la ley” (automática) . Dicha ley fue el resultado de un amplio acuerdo entre la Concertación y la Alianza, pero su vigencia quedó supeditada a la dictación de una Ley Orgánica Constitucional que lo implementara.
La dictación de una Ley Orgánica Constitucional que implementara ambos conceptos fue parte de las promesas de campaña del candidato de la Concertación el año 2009.
Con fecha 20 de diciembre de 2011, luego de una serie de trámites y a pesar del rechazo y la abstención de 11 senadores de la “oposición” (entre quienes se cuenta el propio Senador Frei), el Congreso despachó el Proyecto de Ley que, finalmente, implementa las materias que fueron objeto de reforma constitucional del 2009.
Para justificar sus rechazos o abstenciones la oposición echó mano a una serie de argumentos e ideas. Se dijo, por ejemplo, que el voto voluntario traía consigo un sesgo de clases, consistente en que mientras los ricos votarían con independencia que sea voluntario u obligatorio, los pobres no lo harían si es voluntario; se supone que dicho panorama beneficiaría a los conservadores de derecha. Se dijo, también, que el voto voluntario exigía la implementación de un sistema de “recompensas” para aquél que decidiera ejercer su derecho a votar, tales como la posibilidad de acceder a ayuda estatal en ciertas áreas, días de descanso o acceso a trabajar para las reparticiones públicas. Se dijo, por otro lado, que el voto no constituía un genuino derecho, sino, más bien, una verdadera obligación de los ciudadanos de participar en los asuntos públicos del país.
En fin, se dijeron muchas cosas. Pero lo verdaderamente importante no es lo que se dijo, sino lo que no se dijo.
No se dijo, en primer lugar, que la incorporación automática de más de 4,5 millones de electores al padrón importa un creciente factor de incertidumbre que los partidos de lado y lado no querrían enfrentar. Claro, la revisión de los resultados mesa por mesa desde el año 1988 a la fecha ya no permitirá anticipar los resultados de la votación. Los mismos antecedentes tampoco iban a servir para determinar cuánto esfuerzo de ideas se debe desplegar en la campaña.
Tampoco se dijo que la incorporación de 4,5 millones de electores, en su mayoría jóvenes, exige que los partidos hagan esfuerzos adicionales para conocer en serio las demandas y aspiraciones de aquéllos electores que se necesitará seducir. Ya no será suficiente mandar a imprimir los mismos calendarios de otras elecciones con fotos sonrientes y repartirlos en las mismas ferias de siempre; probablemente los discursos aprendidos de memoria elección tras elección ya no serán suficiente para ganar la elección. Los 4,5 millones de nuevos electores, probablemente, pueden no verse representados por las lógicas y discursos de siempre.
Mucho menos se mencionó que la agregación de 4,5 millones de electores exige modificar fuertemente las viejas y bien aprendidas prácticas políticas. En otras palabras, no se quiso mencionar –como fundamento para el rechazo- que la inscripción automática y el voto voluntario demanda de los partidos una mejor oferta política, elevar la calidad de sus propuestas y discursos y presentar, en definitiva, un proyecto claro de país que exceda la política de los slogans y de las caras lindas.
En definitiva, no se dijo que la inscripción automática y el voto voluntario son un tremendo desafío para la política y exige elevar los estándares actuales. El que no lo haga, ya sea porque no quiera, no pueda o porque crea que no lo necesita, se quedará atrás. O, para ser rigurosos, más atrás todavía.
Los Progresistas celebramos moderadamente la aprobación de este Proyecto, pero declaramos que es solo el primer peldaño de una larga escalera. Celebramos porque este Proyecto posibilita una mayor participación ciudadana (soberana) en las decisiones públicas, porque creemos que el voto es un genuino derecho de los ciudadanos y porque debiera significar un mejoramiento de la calidad y oferta de nuestra política.
Pero que quede muy claro, los Progresistas no nos perdemos en el camino, ya que sabemos que la lógica conservadora de unos y de otros generará incentivos para dejar todo lo demás constante (“caeteris paribus”). Queda claro que la mejor manera de desincentivar el voto voluntario –y con ello despreciar la participación masiva o creciente– es mantener incólume el actual sistema binominal, la Ley de Partidos vigente, la Monarquía Presidencial existente, no modificar las prácticas políticas, seguir privando a los niños y jóvenes de clases de Historia y Educación Cívica, etc.
Por todo lo anterior, debemos aspirar y exigir que lo demás no siga igual. Aspiremos a que la oferta política mejore sustancialmente. Si ello no ocurre, la futura Ley sobre “Inscripción Automática y Voto Voluntario” corre el serio riesgo de pasar a ser una anécdota que pudiera resultar más útil a los conservadores de derecha que a los conservadores de la concertación.