Los y Las Progresistas queremos expresar nuestra profunda preocupación por la Reforma al Código de Aguas anunciada por el Ministro de Obras Públicas, Juan Andrés Fontaine. Ahora, si bien en declaraciones posteriores el ministro ha buscado clarificar sus dichos, nos parece que en ellas no se revela con claridad el espíritu de la iniciativa del Gobierno ni menos en qué medida estas se hacen cargo de los desafíos en materia de agua que tiene nuestro país en las próximas décadas.

Respecto a los dichos del Ministro Fontaine nuestra inquietud está en el lo que se define como “seguridad hídrica” ¿cómo se busca dar respuesta al interés nacional con un modelo que permite la sobre explotación y el excesivo otorgamientos a privados por sobre el uso doméstico para la subsistencia? En los últimos años, de las 101 cuencas hidrográficas se ha decretado escasez hídrica en 75 de ellas y, según la proyección de la Política de Recursos Hídricos, la demanda hídrica crecerá entre un 35% y un 60% al año 2025.

Por lo mismo en un escenario así ¿por qué buscar nuevamente cambiar la categoría de aprovechamiento de derechos de agua abriendo más espacio para privados mediante licitaciones y no abrir un debate constitucional respecto a la recuperación de los derechos de agua?

Si bien es cierto que mediante la indicación presentada en el Gobierno de la presidenta Bachelet no hubo un cambio sustantivo en los derechos de agua porque no se pueden alterar si no modificamos la Constitución en el Artículo Nº 19 Numeral 24 donde se consagra la propiedad privada del derecho de aprovechamiento de agua, el debate parlamentario en esta materia ha avanzado en dar estabilidad al abastecimiento de agua potable y prioridad al consumo humano, a su saneamiento, a la seguridad alimentaria y al desarrollo productivo local.

El establecer el derecho esencial al agua y enfatizando el carácter de bien nacional de uso público del agua, es un debate en sintonía con el sentir ciudadano y que es pleno consenso en países desarrollados.

No se puede seguir sosteniendo un Código de Aguas que se encargó de separar la propiedad del agua del dominio de la tierra, transformando a las aguas en un bien económico susceptible de ser privatizadas a perpetuidad o dando espacio para la sobre explotación privada mediante licitaciones.

Chile es el único país del mundo donde esto ocurre. Debemos recuperar el agua para los chilenos, para la agricultura y los territorios. La recuperación del Agua como un bien nacional de uso público contribuirá al desarrollo democrático y equitativo de las regiones a un uso racional y eficiente de los recursos hídricos, a una gestión integrada de cuencas y a una mejor adaptación al cambio climático.

Por todo lo anterior es que como Partido Progresista de Chile rechazamos que se busque profundizar el modelo de negocio sobre el agua y llamamos al gobierno entender la urgencia de un camino con un nuevo paradigma, aquel que nos lleve a poner en el centro el interés por el bien común en nuestros recursos naturales y así proteger el Chile de los próximos 25 años.