Por Alejandro Navarro, senador Progresista.
La política está en crisis. Esta afirmación no puede sorprender a nadie que haya seguido el derrotero de escándalos gatillados en 2015 con PENTA y SQM, continuado por la Ley de Pesca. La pregunta es cuándo y cómo se detendrá. Incluso el Presidente de la República, Sebastián Piñera, se vio envuelto en diversos procesos como el del Banco de Talca y LAN, por el que no fue procesado en Chile debido a que los delitos estaban prescritos.
Los asuntos mencionados, mostraron de manera contundente cómo estas empresas se han apoderado del Congreso, principal institución de representatividad democrática en el país.
Pero, no obstante la indignante decisión del fiscal Guerra de excluir el delito de cohecho contra Carlos Lavín, Carlos Délano y Pablo Wagner, no obstante que el senador Moreira haya pagado $ 35 millones para suspender el procedimiento en su contra por el caso PENTA, no obstante la irrefutable evidencia que pesa contra algunos parlamentarios tras haber sido pauteados por la Asociación de Industriales Pesqueros del Bío-Bío (ASIPES) cuando se discutía la Ley de Pesca, misma empresa que financió a casi todos los legisladores de la región, no obstante el descaro con el que las cúpulas de poder han hecho defensa de sí mismas, creo que sí hay algo que celebrar: la ciudadanía despertó.
Bien podemos decir que despertó, pues muchas de estas prácticas no son nuevas, el financiamiento irregular de la política fue una cuestión institucionalizada e incluso, legalizada mediante el mecanismo de aportes reservados, aprobado en el mismo Congreso Nacional que usufructuó de ella. Pero hoy se respira un clima de “ya no más”, en el que cada caso de impunidad y salidas convenidas es sentido como una ofensa.
En nuestro ordenamiento jurídico se reconocen crímenes contra la humanidad, reglamentados fundamentalmente por los tratados internacionales en materia de Derechos Humanos, los cuales gozan de imprescriptibilidad, de la misma manera que hoy se busca que los delitos de abuso sexual contra menores la tengan.
Son delitos graves, que atentan contra lo más hondo del espíritu de un pueblo. La pregunta en este contexto es entonces ¿qué pasa con los delitos contra la democracia?
En espíritu, la democracia es un modelo de gobierno en la que cada ciudadano concurre a la arena política en igualdad de derechos, que tiene como fundamento la convicción profunda de que solo la igualdad política podrá traer paz y justicia a todas y todos los habitantes del país.
Es por ello que hay delitos, que más allá del acto puntual entre una autoridad política y un particular, constituyen un ataque al país completo y lo que ha quedado demostrado, es que nuestra institucionalidad democrática no está preparada para defender la democracia cuando es atacada por el dinero.
Uno de esos ataques comunes es el cohecho, la acción de influenciar mediante dádivas el actuar de un funcionario público, cuestión que puede resultar en el actuar negligente o permisivo a favor de unos pocos y en contra de muchos. Fue el caso de SQM, PENTA y la Ley de Pesca.
La institucionalidad debe responder en defensa de sus intereses, es por ello que dada su máxima gravedad y su carácter de ofensa generalizada al pueblo de Chile, es que en marzo de 2017 presenté una iniciativa legal que busca la imprescriptibilidad de los delitos de cohecho (Boletín 11.152-07), que se suma a otros como el de la imposibilidad de asumir el cargo para aquellos que se hayan excedido en el límite del gasto electoral (Boletín 8.124-06).
Fuente: Cooperativa.