La Primera Sala del Tribunal de Alzada dio lugar a la reposición presentada por el excandidato presidencial para insistir en la restitución de sus derechos políticos y ciudadanos.

La Corte de Apelaciones de Santiago acogió a trámite el recurso de protección presentado por Marco Enríquez-Ominami en contra del Servicio Electoral que busca que se le restituyan sus derechos políticos y ciudadanos que le fueron suspendidos en el marco de la acusación en su contra por el denominado caso SQM.

Ello, luego que diera lugar a la reposición presentada por sus abogados Ciro Colombara, Carola Cotroneo y Aldo Díaz, y dejara sin efecto la resolución que declaró inadmisible la acción judicial.

De acuerdo a la resolución “atendido el mérito de los antecedentes, los argumentos esgrimidos y tomando especialmente en cuenta los datos que fluyen de la impresión de pantalla y comunicación por correo electrónico que se adjuntan al libelo de recurso, se acoge la reposición, y en consecuencia se deja sin efecto la resolución de diez de junio pasado”.

Asimismo, la Primera Sala del Tribunal de Alzada pidió un informe al Servicio Electoral con todos los antecedentes que existan en su poder sobre el asunto, los cuales deberán ser entregados un plazo máximo de 5 días.

Enríquez-Ominami interpuso un recurso de protección contra el SERVEL con el que busca recuperar sus derechos como ciudadano y su derecho a voto. De acuerdo al escrito, la decisión responde a la orden del SEVEL de “no permitir al señor Enríquez-Ominami Gumucio a la inscripción de su candidatura a primarias para la nominación al cargo de Presidente de la República por el Partido Progresista de Chile, ni a ningún otro cargo de elección popular en elecciones directas -en especial, el de Presidente de la República-, por considerar erróneamente que el recurrente, supuestamente, habría perdido la calidad de ciudadano con derecho a sufragio”.

En la misma línea, el recurso agrega que el fundador del PRO “no está condenado” argumentando que la suspensión a la que se alude es por estar investigado por delitos que “merecen pena aflictiva”.

“Desde hace más de 4 años que nuestro representado es objeto de una investigación penal por parte del Ministerio Público, por hechos que ocurrieron entre 11 y 6 años atrás y hace más de 2 años que se encuentra con su derecho a sufragio suspendido, sin que, a la fecha, éste haya sido sometido a un juicio oral”, agrega el escrito.

Al respecto, Enríquez-Ominami aclaró en esa oportunidad que “no necesito querer ser candidato para pelear por mis derechos políticos”, enfatizando que “es una pelea justa”.

“Quiero tener los derechos que tiene cualquier ciudadano y es injusto que me los quiten de un día para otro sin respetar mi derecho a la presunción de inocencia ni menos, a ser juzgado en un plazo razonable”, puntualizó Enríquez-Ominami.