A través de una declaración pública, representantes de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina, juristas y políticos internacionales, apoyaron la decisión del excandidato presidencial de recurrir a instancias internacionales para recuperar sus derechos políticos, y comprometieron hacer seguimiento del caso para garantizar un debido proceso.
Nuevas muestras de apoyo internacional, ha recibido durante los últimos días el excandidato presidencial chileno, Marco Enríquez-Ominami, luego que decidiera recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para recuperar los derechos políticos que le fueron suspendidos mientras se tramita una causa judicial en su contra.
En esta oportunidad, miembros de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina (Copppal), juristas y políticos internacionales; expresaron su respaldo a la demanda presentada por Enríquez-Ominami.
A través de una declaración pública, los 60 firmantes –entre ellos el coordinador general de la Internacional Progresista David Adler; el exsecretario general de la OEA José Miguel Insulza, y el senador colombiano Gustavo Petro- comprometieron hacer seguimiento del caso para garantizar un debido proceso.
“Los firmantes, hacemos seguimiento del caso de Marco Enríquez-Ominami, integrante y fundador del Grupo de Puebla, y que desde el año de 2015 ha sufrido fuerte ofensiva judicial y comunicacional contra sus derechos políticos y de participación democrática, derechos que siguen restringidos hasta el día de hoy impidiéndole de participar del proceso de la nueva constituyente en Chile”, explican en el documento, firmado el 13 de enero de 2021.}
“Como en otros países, en los que se utilizó la justicia de manera anómala para desestabilizar a líderes o partidos políticos, en Chile también observamos elementos que mezclan una fuerte ofensiva mediática y judicial que comprometen la biografía y la imagen pública de candidatos, afectando la capacidad postulatoria y el ejercicio de los derechos políticos”, agregan, recalcando que “la condena anticipada por procesos que no han respectado el debido proceso legal y la presunción de inocencia, afectan la normalidad democrática y la integridad del derecho a la participación política”.
Por último, reiteraron su compromiso “en defensa de la democracia y de la justicia, lo que presupone la observación de las garantías jurídicas, constitucionales y convencionales que, en situación de austeridad económica y política, parecen sacrificados por la utilización instrumental de procesos penales de excepción”.
El apoyo del grupo de líderes internacionales se suma al expresado hace algunos días por el Grupo de Puebla, entre ellos, por los ex presidentes brasileños Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff, el ex presidente de Colombia Ernesto Samper y su par de Ecuador Rafael Correa, quienes afirmaron que la cusa contra Enríquez-Ominami “se trata de otra guerra jurídica -lawfare- a través de las que se está persiguiendo a líderes progresistas de la región coartando sus derechos políticos a elegir y ser elegidos, su movilidad o su arraigo geográfico”.