Las democracias no se sustentan sólo en la legalidad de sus acciones, sino también en su legitimidad. Una de las formas fundamentales en que las democracias históricamente se han legitimado ha sido a partir de las elecciones democráticas, libres, inclusivas, competitivas y secretas. Así lo establece el concepto de elecciones democráticas con el cual la Organización de Estados Americanos, OEA, realiza sus misiones de observadores.
Las democracias no se sustentan sólo en la legalidad de sus acciones, sino también en su legitimidad. Una de las formas fundamentales en que las democracias históricamente se han legitimado ha sido a partir de las elecciones democráticas, libres, inclusivas, competitivas y secretas. Así lo establece el concepto de elecciones democráticas con el cual la Organización de Estados Americanos, OEA, realiza sus misiones de observadores.
Este concepto considera al menos el cumplimiento de cuatro condiciones básicas; En primer lugar, las elecciones deben ser inclusivas, vale decir, todos los ciudadanos deben estar efectivamente capacitados para ejercer su derecho al voto en el proceso electoral. En segundo lugar, las elecciones deben ser limpias, en otras palabras, las preferencias de los votantes deben respetarse y registrarse fidedignamente. En tercer lugar, las elecciones deben ser competitivas, es decir, que se debe brindar al electorado opciones imparciales entre las alternativas. Por último, los principales cargos públicos deben obtenerse mediante elecciones periódicas, y los resultados expresados por los ciudadanos mediante el sufragio deben ser irreversibles. En suma, las elecciones son democráticas cuando son inclusivas, limpias y competitivas, y constituyen el medio de acceso a los altos cargos públicos[1].
En este marco, lo sucedido con el Presidente de Paraguay, Fernando Lugo y el juicio político que realiza el congreso controlado por la oposición, no puede ser leído como elección democrática, sino como un “golpe parlamentario” para destituir al presidente democráticamente electo y designar “por secretaria” a un sustituto.
La historia de nuestro continente ha demostrado que ésta forma de llegar al poder tiene como consecuencia dividir al país en dos bandos, entre aquellos que apoyan al presidente, legítima y legalmente electo, y a sus detractores. Experiencias que han terminado la mayoría de las veces en guerras civiles.
Por ello, los cálculos estrechos de la partidocracia paraguaya de realizar un juicio político abreviado al presidente Fernando Lugo están lejos de cualquier tipo de ética de la responsabilidad, por el contrario, la impaciencia de no esperar hasta las próximas elecciones presidenciales del año 2013.
El poder político no puede ser conquistado de cualquier forma y a cualquier costo, es necesario contar con la legitimidad interna de la propia ciudadanía, pero también de la comunidad y organizaciones internacionales.
Los progresistas de Chile, hacemos un llamado a la clase política paraguaya a respetar la continuidad del mandato presidencial, y buscar una salida democrática a la crisis, de carácter inclusiva, limpia, competitiva y pública, con el objeto de evitar cualquier tipo de conflicto y mantener la paz social. Así como también, llamamos a las organizaciones internacionales como UNASUR, y en especial al Secretario General de la OEA, al chileno José Miguel Insulza, a no escatimar esfuerzos en la promoción de una solución legítima y legal a la crisis de política de Paraguay.
Equipo de Relaciones Internacionales
Partido Progresista de Ch