La crisis del covid19 en Chile afloró sin dudas el sentir solidario y de ayuda colectiva que tienen las sociedades, reflejado en el aplauso y las muestras de agradecimiento generadas a las primeras líneas de salud y servicios básicos, pero a su vez, mostró su cara más clasista, si pasamos por escáner la agenda del gobierno en un ámbito esencial para el desarrollo de los países, la educación.
Pues bien, el COVID19 llegó a suelo nacional en medio de la crisis institucional y política, más profunda de los últimos 30 años; un momento destituyente del modelo neoliberal que continúa su curso en medio de la pandemia.
Si Antonio Gramsci señaló los momentos de crisis como un tiempo en donde lo viejo no termina de desaparecer y lo nuevo tarda en aparecer, mientras eso ocurre en la crisis chilena, el gobierno de Sebastián Piñera continúa abordando desde la teoría de la Universidad de Chicago, un conflicto humanitario que requiere una mirada social alejada de los intereses acumulativos del mercado y la economía financiera.
Por eso, proponer un solo método alternativo de aprendizaje a distancia por parte del ministerio de Educación a través de una página Web, es una medida clasista que resulta exclusivamente posible para un universo de población que mantiene una conexión a Internet fija o que cuenta una conexión móvil capaz de soportar el tráfico de datos que implica tomar clases online.
Si consideramos los números de la Novena Encuesta de Accesos y Usos de Internet del año 2017 de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, un 44% de los hogares no cuenta con una conexión fija y el quintil con menos ingresos tiene un 37,6% de acceso solo vía móvil, por lo que al ser aun un servicio y un “lujo” para cientos de hogares en el país, cualquier medida del Mineduc que impulse el aprendizaje por Internet, debió acompañarse de anuncios por parte del ministerio de Transporte y Telecomunicaciones para asegurar la efectividad de la medida estatal.
Según la misma Subtel, en 2019 existían en nuestro país casi 1.500 localidades sin ningún tipo de conectividad y 200 comunas que cuentan con menos de un 20% de conectividad fija, lo que se traduce en 17 accesos a Internet cada 100 habitantes (por debajo de los 31 accesos cada 100 habitantes del promedio de la OCDE), por lo que corresponde preguntar, ¿a qué sectores quería asegurar primeramente el gobierno con una medida como esta?
Porque quienes podrán cumplir efectivamente el aprendizaje en casa serán los hogares que pueden hacerlo, en un ámbito en que la democratización de los conocimientos y el acceso a ellos es fundamental para el desarrollo de las naciones.
Debemos saber, por tanto, que la educación ya no es concebida tan solo como un derecho humano de los individuos, sino que representa un derecho colectivo de los pueblos, por lo que catalogar Internet como un bien de uso público podría ser el primer paso para esta nueva mirada.
No habrá justicia social sino hay justicia cognitiva, porque la justicia cognitiva es el fundamento de la justicia social, y en ese sentido vale la pena replantearse las estrategias educativas para el Chile actual, que ya venía arrastrando serias deficiencias en el sistema público de educación y que ahora, con la pandemia del coronavirus, entró en una definición clasista del acceso al conocimiento.
De lo contrario, tal como señala el filósofo surcoreano Byunt Chol Han, “corremos el riesgo de quedarnos anulados en el egoísmo”, lo que representaría un vacío que solo profundizará las desigualdades y el momento destituyente que vive nuestro país.
Fuente: cooperativa.cl