Según la vicepresidenta del PRO, no se puede seguir abusando de las familias más vulnerables que acceden a este tipo de educación, con aranceles abismantes.
“No podemos permitir que otros 20 años más se siga robando el futuro a miles de jóvenes, con aranceles de Primer mundo en una educación que no es ni del Quinto”.
Según la vicepresidenta del PRO, no se puede seguir abusando de las familias más vulnerables que acceden a este tipo de educación, con aranceles abismantes.
“No podemos permitir que otros 20 años más se siga robando el futuro a miles de jóvenes, con aranceles de Primer mundo en una educación que no es ni del Quinto”. Con estas palabras la vicepresidenta del Partido Progresista (PRO) Alejandra Bottinelli, reaccionó al conocer el estudio “Índices 2012” del Consejo Nacional de Educación y realizó un llamado a detener el abuso en los precios que cobran los Centros de Formación Técnica (CFT) y los institutos profesionales. La dirigenta cuestionó que estos se han transformado en un negocio a costa de las familias más pobres del país.
“El Estado debe tener políticas públicas para las familias de esos casi 400.000 estudiantes que estudian en la educación Técnica de nivel superior”, dijo Bottinelli, y realizó un llamado al Gobierno a asegurar educación gratuita y de calidad a todos los ciudadanos, y por lo tanto destinar los recursos necesarios para levantar Centros de Formación Técnica e Institutos Profesionales gratuitos, vinculados a las universidades públicas y que resguarden su asociación a proyectos regionales, su adecuación a la oferta ocupacional.
Para la dirigenta, se debe transparentar la situación de INACAP que fue obsequiada por los militares a los empresarios privados. Agregó que se ha convertido en un holding de la educación Técnica que concentra entre el CFT y el IP una matrícula cuatro veces superior a la de la Universidad de Chile. “Se debe resarcir el daño al patrimonio de todos los chilenos. ¿Quién responde aquí por los cientos de miles de jóvenes que año tras año se endeudan con una empresa cuyo patrimonio fue público?”, cuestionó.
“Cuando uno ve las cifras de aranceles de la educación superior técnica, no puede más que reírse o llorar cuando la ley exige que sean instituciones sin fines de lucro. Es inconcebible que en un país con los requerimientos que tiene Chile de construir industria propia y con las oportunidades de una geografía y exigencias productivas diversísimas, el Estado no provea a sus estudiantes educación superior técnica, resguardando que todos quienes tengan capacidades académicas puedan especializarse para el mundo del trabajo”, agregó.
A su vez, la dirigenta explicó que las variaciones en los aranceles mínimos y máximos pueden llegar a 347%. “Entre los máximos, por ejemplo, la carrera de Técnico en Turismo puede llegar a costar 2.247.000, Técnico en secretariado 1.475.000, Técnico en electricidad 1.550.000 y Técnico en Gastronomía, puede llegar a costar hasta 3.350.000” dijo y argumentó que nadie asegura la calidad de estos planteles.
“Es indispensable una superintendencia que vele por la calidad de la enseñanza y su adecuación a estándares académicos, para dejar de someter además a nuestros jóvenes al fraude de desangrarse pagando por una educación que ni siquiera les sirve para el trabajo. Necesitamos un Estado que se ponga las faldas y los pantalones de una vez, y se haga cargo de la situación de los más pobres. Es una vergüenza seguir hablando de desarrollo si condenamos a nuestros jóvenes a un fraude, además con altas tasas de interés”, afirmó Alejandra Botinelli.