En Chile en 1981, se dictó el código de aguas, no hubo discusión se hizo en plena dictadura, tampoco había parlamento y desde esa fecha que estamos privados de ese derecho que al mismo tiempo se convirtió en un muy buen negocio.
Para el líder de los progresistas, Marco Enríquez-Ominami, llegó el momento de poner coto a esa situación “el problema de fondo es que la racionalidad comercial del lucro es la que se aplica en un bien escaso
En Chile en 1981, se dictó el código de aguas, no hubo discusión se hizo en plena dictadura, tampoco había parlamento y desde esa fecha que estamos privados de ese derecho que al mismo tiempo se convirtió en un muy buen negocio.
Para el líder de los progresistas, Marco Enríquez-Ominami, llegó el momento de poner coto a esa situación “el problema de fondo es que la racionalidad comercial del lucro es la que se aplica en un bien escaso, los gobiernos del mundo se han preocupado de esto, más de cien millones de seres humanos, no tienen acceso al agua, de eso se trata no sólo el acceso como recurso hídrico, pero a la vez como recurso productivo. Hoy son miles y miles de pequeños agricultores en Chile que no tienen acceso al agua, hay gente que tiene acciones de agua, hay gente que tiene agua y no tiene tierra, y otros que tienen tierra y no tienen agua, eso es absurdo”.
Desde que se hizo el cambio en dictadura y se inició el negocio del agua, con la formulación del código de aguas, se estableció al agua como un bien nacional de uso público. Se entregó al Estado la facultad de conceder derechos de aprovechamiento de aguas a privados, de forma gratuita y a perpetuidad, privados que pueden concurrir al mercado a vender, comprar o arrendar las aguas otorgadas por el Estado.
Se crearon dos categorías de derechos de aprovechamiento de aguas, aguas consuntivas y aguas no consuntivas, la diferencia entre ambas categorías dice relación básicamente con la obligatoriedad de devolver o no devolver un caudal al río, los principales beneficiarios son el sector agrícola, el minero y el sector eléctrico.
Y como si ello fuera poco durante los gobiernos de Frei Ruiz Tagle, con Lagos y ahora con Piñera, se privatizaron las empresas sanitarias encargadas de aprovisionar de agua potable a la población, se vendió la participación pública en Aguas Andinas, Essval, Essbio y Essal. Así ya no es más el estado quién garantiza el derecho a un derecho fundamental para vivir, beber agua. Para los progresistas el agua es un derecho del que depende la vida de las personas, el agua es un derecho humano.
Para Marco Enríquez-Ominami aún es tiempo de hacer los cambios necesarios “Chile será más prospero y moderno cuando tenga un régimen moderno, el código de aguas es de 1981, es muy antiguo, pero además ha generado anomalías comerciales, anomalías de mercado, concentración de la propiedad, lo que no es bueno, el agua es lo que hoy día convoca a las grandes potencias del mundo a las grandes políticas y en Chile poco se habla de ello”.
Llama la atención de los progresistas las innumerables ocasiones en que el tema del agua se ha querido tratar en el parlamento y ya sea por falta de quórum, cancelación de visitas u otros resquicios no se puede avanzar en los cambios necesarios al código de aguas y la usurpación de la que es objeto. Un ejemplo de esas prácticas reñidas con la democracia las ejerce el ex Ministro del Interior Edmundo Pérez Yoma, quién en más de una ocasión se ha negado a asistir a la Comisión Investigadora del parlamento, instancia en la que está acusado como usurpador de aguas.