“Filtraciones demuestran cómo fiscales direccionaron investigaciones para proscribir a Marco Enríquez-Ominami”, es el título de la publicación del medio argentino Negocios & Política que esta semana entregó luces sobre una operación judicial contra el líder del Partido Progresista.
«¿Cómo se explica que el dirigente que en 2013 estuvo a punto de meterse en la segunda vuelta, el mismo que un año más tarde figuraba al tope de todas las encuestas para llegar a la presidencia, no haya logrado acceder -ni de cerca- a las instancias decisorias en las siguientes presidenciales a las que se postuló?», se pregunta el artículo, firmado por Adolfo Ruiz.
«La respuesta», continúa el texto, «hay que buscarla en el mismo anaquel de biblioteca que explica muchos de los procesos políticos y electorales en la región: Brasil, Paraguay, Ecuador, Argentina, y también Chile. El lawfare, también hizo de las suyas del otro lado de la cordillera», señala el autor.
En el texto, se hace referencia al caso de SQM y el financiamiento ilegal de la política, cuya investigación se inició en 2015 incluyendo a nombres de todo el espectro político del país, «como la entonces Presidenta Michelle Bachelet, el que la sucedería, Sebastián Piñera, y también Marco Enríquez-Ominami, entre muchos otros», agrega el artículo del medio argentino.
En esa línea, Ciro Colombara, abogado del exsenador Fulvio Rossi, explicó a Negocios & Política que en este caso «se abrió una megacausa que generó mucho impacto, porque los fiscales comenzaron a filtrar a la prensa mucha información, de manera intencionada, directamente para golpear a determinados grupos».
Ante esto, se inició una contra-causa, apuntando al propio Ministerio Público, sospechado de direccionar la investigación: «Entre otras cosas, pedimos todos los mails de esa época intercambiados entre los fiscales en relación a Rossi», señaló Colombara.
«Los resultados fueron sorprendentes… o no tanto. Nos encontramos con algo muy parecido a lo que surgió en Brasil con Deltan Dallagnol y los fiscales del caso Lavajato contra Lula», agregó el abogado.
«A diferencia de lo sucedido en Brasil, cuando las filtraciones fueron fruto de un hackeo, en el caso de Chile, los mensajes fueron obtenidos ‘por derecha’, en el marco de una causa contra los propios encargados de la acusación», explica el articulista.
«Allí se logró determinar», prosigue, «que los fiscales habían decidido dejar fuera de la pesquisa a la presidenta Bachellet y a los dirigentes vinculados al círculo de Piñera, para centrarse en el que era el principal competidor de ambos, Marco Enríquez-Ominami».
«Esos mensajes dan cuenta de lo que siempre señalamos en esta causa», asegura el abogado Ciro Colombara.
«Los fiscales habían decidido dejar fuera de su órbita a la presidenta Bachelet y también a Piñera, que era el principal competidor de Enríquez Ominami en la candidatura presidencial», al punto que logró imponerse en las siguientes elecciones presidenciales de 2017.
«Lo que pasó durante los siete años que ya lleva la causa se parece bastante al manual aplicado en todo el continente. Multiplicidad de denuncias, filtraciones a la prensa, hostigamiento, operaciones judiciales, y un repetido etcétera», añade el artículo de Negocios & Política.
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