Por Gonzalo Valenzuela
Nuestro país mantiene pendiente un enorme desafío respecto a la necesidad de asegurar un techo digno y en entornos prósperos para sus ciudadanos, los cuales día a día conviven no sólo bajo el endeudamiento y malos sueldos sino que en muchos lugares ven coexistir poblaciones donde se vive con inseguridad, en hacinamiento, con falta de áreas verdes o de espacios públicos más amables, barrios dominados por el narcotráfico y delincuencia.
Y no se trata de plantear un escenario gris, sino que es necesario ver con claridad el lado B del Chile endeudado, el que si bien mantiene últimos IMACEC con crecimientos considerables no es capaz de entender que se necesitan reformas estructurales que permitan un piso mínimo en la salud de todos, en la educación de todas, en contemplar la libertad sin trampas económicas y donde la democracia camine con legitimad en la economía pública-privada. Entendiendo esta atmósfera, no puede ser indiferente conocer que Chile mantiene un déficit habitacional cercano a 500.000 viviendas según un último estudio realizado por la cámara chilena de la construcción (CChC). Hablamos que son aproximadamente 1,5 millones de personas que requieren una solución habitacional y no me refiero a tener un techo de estacionamientos para autos con tarifas desreguladas o el techo de algún mall para consumir un fin de semana.
Actualmente el Estado no asegura el derecho a la vivienda en Chile y menos asocia en los subsidios el derecho a una vivienda digna, por lo que no es casualidad que más de un millón de personas no tengan solución habitacional. En Nueva Zelanda la propiedad de vivienda así como la vivienda asequible es una prioridad de Estado, al igual que el derecho a la vivienda. Por lo mismo, desde el 2018 se prohíbe la venta de casas ya construidas a extranjeros precisamente para evitar la especulación y dar alcance a sus propios ciudadanos a tener una vivienda.
El presidente Sebastián Piñera en su programa gobierno 2018-2022 prometió reducir a la mitad el déficit habitacional (cerca de 250.000 según informe CChC), pero de ello en casi 100 días de iniciado su gobierno no se ha dicho una palabra. Lo que implica que Chile seguirá en deuda con las dueñas de casa que aún no tienen casa y arriendan o familias de trabajadores que ven cómo la falta de estrategia pública-privada sigue durmiendo en la agenda de prioridades. En este sentido, el ministro de Vivienda Cristián Monckeberg no puede seguir demostrando pasividad en una materia tan sensible, o quizás su equipo asesor, debe estar más en terreno para conocer la realidad del país. Y no me refiero sólo al trabajo pendiente aún de reconstrucción donde sigue existiendo miles de familias sin casas por lo ocurrido en los terremotos del 27F, en Coquimbo, norte grande, por mencionar. Tampoco hay que olvidar que últimos estudios demuestran que alto costo en arriendo (se arrienda porque no se tiene casa) es un factor determinante en que familias vivan en campamentos; en este último año la cifra se ha multiplicado en relación a 30 años atrás.
Nadie puede desconocer que los desafíos son complejos, pero no imposibles a la hora de trabajar por la dignidad de las personas en post de ser un país desarrollado. El gobierno de Sebastián Piñera tiene la obligación de hacer un buen trabajo, quizás más pluralista para entender que en materias sensibles no se puede estar levitando. Daniel Jadue, alcalde de Recoleta y del partido comunista, levantó el proyecto Inmobiliaria Popular donde municipalidad se transforma en EGIS (Entidad de gestión inmobiliaria Social) y se vuelve vinculante en la creación de condominios sociales los cuales serán de uso de arrendamiento para personas que no cuenten con casa y vivan en condición de allegados. Chile no puede seguir levitando entre el endeudamiento y sin opciones; debemos levantar el país entre todos y para todos.