Patricia Politzer
Periodista
Bastó un pequeño párrafo en la Cuenta Pública del 21 de mayo para que los proyectos de reforma tributaria y educacional pasaran a segundo plano, destronados por el aborto.
Ante la estridencia del debate, un observador incauto podría pensar que la Presidenta Michelle Bachelet propuso directamente su legalización…
Patricia Politzer
Periodista
Bastó un pequeño párrafo en la Cuenta Pública del 21 de mayo para que los proyectos de reforma tributaria y educacional pasaran a segundo plano, destronados por el aborto.
Ante la estridencia del debate, un observador incauto podría pensar que la Presidenta Michelle Bachelet propuso directamente su legalización. ¡Nada de eso! Una vez más (ya van 14) se plantea despenalizar “la interrupción voluntaria del embarazo en casos de riesgo de vida de la madre, violación e inviabilidad del feto”. Es decir, dejar de ser uno de los seis países del mundo que prohíbe todo tipo de interrupción del embarazo, y volver a una situación similar a la que rigió en Chile desde 1931 hasta el fin de la dictadura.
Bachelet pidió una “discusión madura, informada y propositiva”. Si la elite política quiere responder realmente a esta demanda, ya es hora de dejar a un lado los eslóganes, eufemismos e hipocresías, y discutir derechamente la legalización del aborto.
Dejemos de señalar que –más allá de la ley– los médicos no dudan en interrumpir un embarazo si la vida de la madre está en peligro. La verdad es que no son pocos los médicos que dilatan una decisión clínica apremiante por temor al artículo 119 del Código Sanitario: “No podrá ejecutarse ninguna acción cuyo fin sea provocar un aborto”.
Qué tranquilizador resulta para algunas conciencias sostener que cuando se interrumpe el embarazo porque la vida de la madre está en peligro aquello no sería un aborto. Eso es precisamente el aborto: impedir –cualquiera sea el método– que un feto o embrión siga desarrollándose.
No se trata de un asunto semántico. Por el contrario, es tan clara la diferencia entre un aborto y otro tipo de interrupción del embarazo que, cuando el feto es capaz de sobrevivir a dicha interrupción, el proceso se denomina inducción de un parto prematuro o cesárea anticipada.
No es verdad que en la práctica no existan personas formalizadas y condenadas por haber decidido abortar. Más aún, su penalización es una violación a los derechos humanos de las mujeres, y así se lo han hecho saber a las autoridades chilenas en diversas instancias de Naciones Unidas durante las últimas décadas.
Quienes participan de este debate saben muy bien que de los 17 mil abortos reportados oficialmente el último año (la cifra negra de la clandestinidad es imposible de calcular), son pocos los que concuerdan con las tres causales planteadas por los proyectos existentes. El grueso de los casos corresponde a embarazos no deseados por múltiples razones psicosociales, desde el miedo adolescente hasta la incapacidad económica de mantener un nuevo hijo o hija. Los abortos por violación, riesgo vital de la madre e inviabilidad del feto son los menos.
Los grupos que se oponen a toda legalización sostienen que logran que más del 90 por ciento de los embarazos no deseados lleguen a término cuando logran acompañar a las madres. Lo cierto es que esas estadísticas no tienen mayor valor. Sin duda deben ser muy pocas las mujeres que estando en el oscuro callejón de un embarazo no deseado –atemorizadas y frágiles– sean capaces de decidir por el aborto frente a un grupo organizado que les habla del asesinato del hijo que llevan en el vientre.
Esas estadísticas sólo serán válidas cuando esas mujeres puedan optar entre la ayuda que les ofrece ese sector de la sociedad o la alternativa de un aborto en buenas condiciones clínicas y, posteriormente, apoyo psicológico y educación sexual si fuera necesaria.
Para los católicos la vida humana se inicia en el momento de la concepción. Muy respetable, y nada ni nadie debiera impedirles actuar de acuerdo a sus creencias, pero –en una sociedad laica– una visión determinada no puede imponerse a quienes piensan de manera distinta. Para otros, la vida comienza a las 12 semanas de gestación cuando se forma el sistema nervioso central. El Dr. Humberto Maturana, por su parte, sostiene que la humanización del feto surge de la relación cultural con la madre, cuando el embarazo es un estado deseado y la madre se desdobla en su sentir, dando origen a un ser que tiene nombre y futuro.
Ya es hora de discutir el aborto en serio. Que no sean sólo candidatos presidenciales que se saben perdedores como Alfredo Sfeir y Roxana Miranda, quienes se atrevan a plantear una legalización más amplia. Qué no sea sólo Marco Enríquez-Ominami quien se atreva a proponerlo como un derecho de la mujer. Me consta que hay parlamentarios y parlamentarias que piensan igual que el líder de PRO, pero no lo expresan por temor a perder votos entre sus electores.
La Presidenta Bachelet pidió una discusión madura. En tiempos de transparencia, sería bueno saber qué creen realmente los parlamentarios. Antes de rechazar la idea de legislar o de avanzar en un proyecto que afecta directamente la vida de las mujeres, sería bueno escuchar no sólo a especialistas y grupos religiosos sino también a las organizaciones que llevan décadas luchando por las distintas formas de discriminación de género.
Con todas las cartas sobre la mesa, sin presiones morales impropias, asumiendo que nadie –cualquiera sea su opinión– está contra la vida, es posible que no sólo se termine por fin con la penalización sino que, quizás, también se avance hacia una ley, que evite el aborto clandestino y clínicamente inseguro al que se ven enfrentadas miles de chilenas cada año.