A casi cuatro meses de haber asumido la presidencia, el gobierno de la denominada Nueva Mayoría sufre su primera derrota política, a manos de -quién lo diría- la propia Concertación.
Parte esencial de la reforma educacional, uno de los principales ejes del programa de gobierno de Michelle Bachelet, se jugaba en la reforma tributaria, en la capacidad de recaudar el dinero suficiente para garantizar no sólo acceso (gratuidad), sino equidad y calidad en educación pública.
Pero esta reforma no trataba sólo de recaudación, sino también de igualdad; de ahí la importancia de corregir mecanismos tributarios como el FUT utilizados para evadir y no invertir. Por ello la importancia de establecer un royalty minero, aún inexistente, o un impuesto de 1% para aquellas personas que tienen activos financieros por sobre el millón de dólares, todos elementos dejados fuera del debate, al igual que un apoyo decidido a las pymes.
Lo cierto es que el Ejecutivo ingresó un proyecto de ley que no fue lo suficientemente conversado y dialogado, no sólo con los grandes empresarios, pymes y otros actores sociales, sino que tampoco con los partidos políticos de Chile o el mundo académico. A pesar de ello, en la Cámara de Diputados operó la mayoría parlamentaria, y si bien todos entendían que el ingreso a la Comisión de Hacienda del Senado debía suponer el inicio de los diálogos que no se realizaron previamente con la profundidad necesaria, lo cierto es que ocurrió un fenómeno a estas alturas ya conocido, un especie de déjà-vu: la política de los viejos consensos de la Concertación, o dicho de otra forma, consensos en los cuales minorías políticas se transforman en mayorías. En definitiva, acuerdos que no resisten el análisis de la historia, como lo fue la aprobación de la Lege, aquel acuerdo en Educación que se tradujo en abrazos y felicitaciones y cuatro años más tarde, en una movilización ciudadana sin precedentes.
La Comisión de Hacienda del Senado tuvo tiempo para recibir a grandes empresarios, no así para recibir a todos los partidos políticos legalmente constituidos que lo solicitaron. Esta reforma tiene dos problemas fundamentales. El primero, no garantiza una recaudación de 8.200 millones de dólares y con ello pone en jaque el financiamiento de la reforma educacional. Porque a estas alturas sería una ofensa establecer metas a 20 años plazo. Pero luego, los acuerdos establecidos dejan la puerta abierta a un FUT 2.0, es decir, a que utilidades retiradas no sean invertidas, sino que queden como tal por años, atentando de esta forma contra el corazón mismo de la reforma, según dijo en su minuto el ministro Arenas, incumpliendo con su cometido.
La política de los consensos al estilo concertacionista establece, hoy más que nunca, la tensión existente entre la Nueva Mayoría y la Concertación, entre aquellos que se sienten identificados con una nueva coalición política que dice sintonizar con la ciudadanía y con un país más moderno, justo e igual, y esa vieja coalición, que si bien le dio muchos frutos a Chile, se vio superada en su lógica binominal, donde minorías actuaban como mayoría, dándole la espalda a la ciudadanía.
Marco Enríquez Ominami
Patricia Morales