Representantes de las Juventudes Comunistas y la Juventud del Partido Progresista asistieron al ente fiscalizador debido a la polémica propuesta impulsada por el alcalde UDI de Las Condes.

Luego de que el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, anunciara que el próximo 23 de junio realizará una consulta ciudadana para que los vecinos se manifiesten sobre la posibilidad de instaurar un toque de queda a menores de edad en la comuna, representantes de las Juventudes Comunistas y Juventudes Progresistas solicitaron a la Contraloría General de la República pronunciarse respecto a la legalidad de la polémica medida.

Esto, de acuerdo a lo que señaló el abogado patrocinante, Luis Cuello, en base a que “la Contraloría General Valparaíso respondió a una denuncia que formulamos respecto al anuncio de toque de queda en Quilpué, y en ese dictamen el ente regional determinó que ningún alcalde de modo alguno puede invadir las facultades del parlamento al regular garantías constitucionales como la libertad personal”.

Por su parte, el presidente de las Juventudes Comunistas, Camilo Sánchez, apuntó que “la utilización de la juventud como chivo expiatorio frente a la delincuencia criminaliza al eslabón más débil y mantiene en la impunidad a los grandes delincuentes y narcotraficantes del país. En su primer año el gobierno fracasó, abandonó la batalla contra la delincuencia y se desató una carrera pirotécnica que hoy suma al alcalde de Las Condes”.

“Cuando la solución es restringir derechos de inocentes, es la delincuencia la que ganó. La única forma de enfrentar realmente el problema es yendo al origen del que hayan niños en las calles y que para algunos de estos la delincuencia sea una opción”, agregó.

Asimismo, Rodrigo Pinto, presidente de la Juventud Progresista, aclaró que a través de esta acción “queremos hacer un llamado a Contraloría para que advierta la vulneración a los derechos humanos que lleva consigo el anuncio de alcaldías de establecer una política de toque de queda para la juventud”.

“Esta medida populista no viene al fondo del problema, ni en materia de seguridad ni en materia de delincuencia, solo busca normalizar una medida que viola principios de libertad y derechos fundamentales. El camino no es la criminalización de la juventud y por eso buscamos que tal como lo hizo en el caso Quilpué, Contraloría declare la inconstitucionalidad de esta política”, sentenció Pinto.

Por su parte, la dirigenta secundaria de la JPRO, Nicole Contreras, manifestó que “sea cual sea la comuna, el establecer un toque de queda es atentar contra el derecho al libre tránsito de las personas, es una atentado a la libertad y un retroceso que en 2019 sea tema. Condenamos y repudiamos esta ordenanza en Las Condes, no existe ninguna estadística actual que nos indique que la delincuencia baja con toques de queda, no disfracemos de preocupación por la seguridad una medida con un profundo sentido represor y que saca a relucir el alma más fascista de la derecha”.