El presidente de la organización, Rodrigo Pinto, señaló que ”el plebiscito envió un mensaje claro a las instituciones, de terminar con la criminalización de la protesta social. El Congreso presionado por el gobierno aprobó leyes que, a un año de su vigencia, solo han sido utilizadas para mantener prisiones preventivas abusivas. Por ello deben ser derogadas”.

Este miércoles, las Juventudes Progresistas (JPRO) hicieron un llamado a la oposición en el Congreso a derogar un conjunto de leyes creadas posterior al 18 de octubre, entre ellas la ley antibarricadas y la ley antisaqueos.

En la juventud del PRO destacan que dichas leyes han sido utilizadas de forma abusiva para mantener procesos judiciales abiertos en contra de jóvenes que participaron de protestas a partir del 18 de octubre de 2019.

Para su presidente, Rodrigo Pinto, “el mensaje luego del triunfo del apruebo en el plebiscito fue claro hacia las instituciones; de cambiar el rumbo y orientarse hacia una mirada que respete los derechos civiles y políticos de las personas, dejando de lado la criminalización a quienes deciden salir a la calle por sus derechos”.

El representante juvenil del Partido Progresista añadió que “el caso de la estación Pedrero, donde un joven de 16 años fue absuelto junto a su tío luego de un montaje de la PDI, revelan una motivación por parte de las instituciones de mantener privados de libertad a cientos de jóvenes. Las leyes que el Congreso hizo como respuesta al estallido social, están siendo ocupadas para abusar de la prisión preventiva. Por ello deben ser derogadas”

“Exigimos a la oposición en el Congreso que derogue la ley antibarricadas y la ley antisaqueo, y que se inicie un proceso de revisión exhaustiva de las leyes que están siendo utilizadas para criminalizar la protesta social. A un año del inicio de la crisis, queda claro que no eran necesarias y que sólo persiguen la motivación política de inhibir la movilización popular”, expresó.

Por último, el progresista entregó su apoyo a la propuesta del senador Alejandro Navarro (PRO) de impulsar una ley de amnistía para los presos de la revuelta.

“El 78% del apruebo legitimó el proceso de movilización social iniciado el 18 de octubre de 2019. Existe una dimensión ética, que hace comprender la violencia del momento, que sólo es respuesta a la violencia de décadas producida por un sistema abusivo. Una ley de amnistía es justa para mantener en paz el proceso constituyente y hacer justicia ante los numerosos montajes utilizados por la policía para encarcelar a jóvenes”, sentenció.