Héctor Paz Sánchez
Vicepresidente JPRO
Patricia Oróstica Salazar 
Sec. Gral. Metropolitana JPRO

Han sido semanas duras para nuestro país, días en los que nuestras vecinas y vecinos se han reencontrado y reorganizado debido a la necesidad. La escasez de puestos de trabajo, la nula planificación en la distribución de alimentos y el notable abandono del Estado a las familias chilenas han sido las condiciones que han llevado a la oposición a proponer proyectos de ley urgentes que logren sobrellevar de mejor manera la crisis sanitaria y económica que vivimos.

Proyectos como el Postnatal de Emergencia, la suspención del pago del CAE, la prohibición del Corte de Servicios Básicos, la eliminación de las AFP para reemplazarlas por pensiones solidarias, el aumento de impuestos a los super ricos para financiar una Renta Básica de Emergencia, importantísimos para nuestro Pueblo, han sido indolentemente declarados inconstitucionales por el Presidente Sebastián Piñera y su miserable gobierno.

Esta acción de completo desprecio por la vida, la salud y las condiciones de vida de la mayoría de la gente que habita nuestro país solo va reforzando nuestras razones, nuestros argumentos y nuestra convicción de que debemos tener una Nueva Constitución. Piñera, sin darse cuenta, nos está dando las grandes razones que necesitaban aquellas y aquellos vacilantes y dubitativos acerca de si había que tener una Constitución nueva creada por un mecanismo democrático.

Si la Constitución no es capaz de adaptarse a una situación de crisis como la que vivimos hoy, si no es capaz de validar proyectos que van en ayuda inmediata de las grandes mayorías, si no es capaz de darle a las ciudadanas y ciudadanos una manera de sobrevivir a una Pandemia o a una grave crisis económica, entonces la Constitución no sirve, no está cumpliendo su función, y debe ser cambiada.

Piñera ha vociferado por todos los medios la inconstitucionalidad de los proyectos presentados por la oposición, llegando incluso a ocupar el veto presidencial para desestimar el proyecto que prohibe el corte de servicios básicos en este periodo de Pandemia. Pero al mismo tiempo que trata de defender y aplicar nuestra anticuada Constitución, va irrespetando artículos fundamentales de la misma. Al momento de declarar inconstitucionales las medidas de urgencias que propone el Congreso, Piñera transgrede el Derecho a la Vida consagrado en el Artículo 19 de la actual Constitución. Además, transgrede el artículo pilar de la Constitución, el Artículo 1°, al no lograr administrar de manera correcta el Estado para que cumpla con su deber Constitucional de resguardar la seguridad y dar protección a la población y a las familias chilenas.

Esta contradicción no es solo del Presidente, sino también de la Constitución en sí, ya que al no aceptar proyectos del Congreso que velen por la seguridad y bienestar inmediato de la población, y el resguardo de la vida, en una situación de crisis, esta se incumple a sí misma.

La situación es delicada y de extrema gravedad. Nuestro deber, como Progresistas, es lograr analizar, proponer y actuar de la manera más adecuada frente a esta crisis. El primer paso será resistir, después construir una Constitución adecuada al nuevo mundo que se nos avecina y por último, liderar aquél proceso con un Gobierno Progresista que canalice los anhelos y esperanzas de nuestro Pueblo. Pronto vendrá el momento de juzgar a las y los culpables de ésta crisis. La única verdad que sale de la boca de Piñera es que “nadie está por encima de la ley”, y así es, señor Presidente, ni siquiera usted lo está.