Cuenta con un senador, una diputada, un alcalde y 21 concejales, electos antes de su fusión. Pero el partido País Progresista (unión de los antiguos PRO y País) es actualmente la colectividad política que cuenta con más militantes en Chile.

Con 57 mil 228 inscritos al 30 de junio, destronó al PC, que hace tres meses lideraba con 50.791; a Revolución Democrática, que tenía 42.687, y a la UDI, que contaba con 40.654. Colectividades que mantienen, con leves cambios, sus cifras de inscritos.

Sin embargo, en las últimas elecciones a diputados, los candidatos del PRO, PAIS y los independientes asociados a su pacto sumaron 237.275 votos. Eso equivale a menos de un cuarto del peso electoral de la UDI, que tiene una militancia inferior al PRO, pero que obtuvo casi un millón de votos (9.58.414), logrando 30 diputados.

La creación de País Progresista fue anunciada el 15 de diciembre de 2017, pero el proceso de fusión fue reconocido por el Servel el 8 de mayo de 2018.

Y la fórmula de su crecimiento fue casi matemática: la actual cifra es prácticamente el resultado de la suma de quienes estaban fichados en el PRO (fundado por Marco Enríquez-Ominami) y el PAIS (fundado por el senador Alejandro Navarro).

Ambas colectividades estaban obligadas a desaparecer por no lograr el 5% de los sufragios válidamente emitidos en la última elección de diputados. De haber sucedido aquello, entre otras consecuencias, podían haber continuado como meros movimientos, sin financiamiento legal.

Y desde 2016, cuando comenzó a operar la nueva ley de financiamiento fiscal para los partidos, el PRO ha recibido $197.761.691, con un promedio de $84 millones por año, cuyas entregas se dividen en cuotas trimestrales (este año solo han recibido $19 millones).

País, en tanto, no alcanzó a recibir aportes fiscales en el período anterior. Además, la unión de colectividades permite que la nueva entidad sea sucesora de los partidos fusionados, lo que implica que adquiere los “derechos y obligaciones patrimoniales” de sus antecesores, sumando además las militancias respectivas, ahorrando así el proceso de fichaje para construir una nueva entidad.

La diputada de País Progresista, Marisela Santibáñez, sostiene que en el Parlamento “desde el día uno hemos actuado en coordinación. Desde lo desarrollado en las comisiones de Vivienda y Transportes, que preside el senador Navarro, como también en la de Deportes y Cultura de la Cámara de Diputados, de las cuales soy parte”.

Alternativas

María Jaraquemada, directora de incidencia de Espacio Público —desde donde también se defendió la realización de un proceso de refichaje, para sincerar las militancias—, dice que en su institución eran partidarios de continuar con la exigencia original de la ley de un 2,5% de votación para mantener los partidos vigentes y no de 5%, que es el piso actual.

“Éramos de la idea de bajar un poco el estándar porque en el fondo al final son partidos que algo de apoyo tienen y por eso logran sobrevivir de uno u otro modo”, sostiene. “Entonces —continúa— en vez de ir a la fusión, la idea era que se les diera como una oportunidad en una siguiente elección, aunque recibiendo menos recursos públicos”, explica.