A través de una declaración pública, la agrupación iberoamericana de líderes progresistas Grupo de Puebla -que reúne a 9 expresidentes, 2 gobiernos en ejercicio y a juristas como Baltazar Garzón- instó a terminar con la guerra jurídica contra políticos opositores.
Luego que esta semana se conociera la medida del SERVEL de suspender el derecho a sufragio de Marco Enríquez-Ominami mientras permanezcan en curso las dos causas penales en su contra que se arrastran hace seis años y de las cuales se está a la espera de un juicio oral, el Grupo de Puebla en conjunto con su equipo jurídico CLAJUD, emitió una declaración pública para expresar su rechazo ante la determinación del organismo electoral y su repudio hacia “las sistemáticas persecuciones contra líderes y procesos progresistas en la región”, y a la “utilización del aparato de justicia para la persecución política que ha sido evidente en países de América del Sur”.
“Los derechos civiles y políticos, el debido proceso legal y la presunción de inocencia están asegurados por la Convención Americana de Derechos Humanos y por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ambos compromisos ratificados por el Estado chileno en su legislación interna”, explica la agrupación iberoamericana de líderes progresistas y en la que participan 9 expresidentes, 2 gobiernos en ejercicio y a juristas como Baltazar Garzón.
“Rechazamos la decisión adoptada por el sistema de justicia chileno al suspender a Marco Enríquez-Ominami de su derecho a sufragio, impidiéndole participar de un proceso histórico por el que él mismo ha venido luchando hace más de 10 años, y su derecho a la presunción de inocencia”, agrega la declaración, firmada –entre otros- por los exmandatarios de Brasil Luiz Inácio “Lula” da Silva y Dilma Rousseff; el expresidente de Colombia Ernesto Samper; su par por Ecuador, España y Paraguay Rafael Correa, José Luis Rodríguez Zapatero y Fernando Lugo, respectivamente.
En la misiva, el grupo también insta a “terminar con esta forma inédita y agresiva de reemplazar las armas militares por la manipulación de recursos legales para detener cualquier pretensión política y propuesta progresistas de reconstruir esperanza, recuperar la dignidad, la verdadera soberanía y la justicia para nuestros pueblos”.
Entre los firmantes también destacan el juez español Baltasar Garzón; Ricardo Patiño, Celso Amorim, Jorge Taiana, Aloizio Mercadante, Iván Cepeda, Carol Proner, Carlos Sotelo, Daniel Martínez, Emilio Camacho y Fernando Haddad, mientras que entre los chilenos figuran el presidente del partido Progresista de Chile Camilo Lagos, los senadores José Miguel Insulza y Alejandro Navarro; el exministro Carlos Ominami, y el abogado Harold Correa.