El presidente del movimiento progresista, criticó el anuncio del gobierno de aplicar la Ley de Seguridad Interior del Estado por los recientes incidentes y cuestionó el verdadero interés de la autoridad por resolver el conflicto.
Con un fuerte cuestionamiento a la decisión del gobierno de invocar la ley de Seguridad Interior del Estado por los incidentes del martes recién pasado, se pronunció el presidente del Partido Progresista (PRO)
El presidente del movimiento progresista, criticó el anuncio del gobierno de aplicar la Ley de Seguridad Interior del Estado por los recientes incidentes y cuestionó el verdadero interés de la autoridad por resolver el conflicto.
Con un fuerte cuestionamiento a la decisión del gobierno de invocar la ley de Seguridad Interior del Estado por los incidentes del martes recién pasado, se pronunció el presidente del Partido Progresista (PRO) Marco Enríquez-Ominami. A juicio del dirigente, detrás del anuncio del gobierno, hay un interés por criminalizar el movimiento estudiantil y ponerlo en contra de los intereses nacionales. “Señalar primero que los estudiantes están desprestigiando a Chile, y después invocar la Ley de Seguridad Interior del Estado, recuerda esas maniobras comunicacionales de la guerra fría. Todos los chilenos condenamos la violencia, venga de donde venga. Pero eso no puede ser excusa para cuestionar un movimiento que ha sido pacífico, brillante y creativo, y que nos ha devuelto a todos, la esperanza en un país más justo. El camino de intentar poner a los estudiantes como enemigos no favorece una salida al conflicto”.
A juicio del dirigente progresista, los argumentos esgrimidos por el gobierno para invocar la LSIE carecen de justificación. “Que se invoque esta ley y de esa manera asociar indirectamente el movimiento estudiantil a un levantamiento en contra del gobierno carece de todo fundamento y lógica. Pareciera ser una maniobra para dar la sensación de que el movimiento está causando graves disturbios y en consecuencia deslegitimarlo a través de esa vía. Las movilizaciones han sido mayoritariamente masivas, creativas, participativas, lúdicas, y merecen todo nuestro apoyo y solidaridad”.
Por su parte, Andrea Condemarín, Defensora Ciudadana del PRO, cuestionó el principal argumento dado para la aplicación de la LSIE. “El gobierno ha señalado que está el objetivo de aplicar una mayor sanción, lo que según nuestros abogados, y del texto del Código Penal y de la LSIE se desprende, que no es cierto. El incendio a un bien del valor de un bus tendría la misma sanción de acuerdo al Código Penal, sin necesidad de invocar esa ley. Pareciera más bien una maniobra publicitaria. Por otro lado, se encubre la ineptitud de las Policías y del Ministerio del Interior que está a cargo de ellas, para enfrentar los grupos que están realizando estos actos violentos”, finalizó la dirigente progresista.