Por Alejandro Navarro, senador Progresista.

La Fiscalía dio a conocer el total de las denuncias de abuso sexual que involucran a la Iglesia Católica desde 1960 a la actualidad: 266 casos de los que 178 son menores de edad. Situación dolorosa, que sin duda se ve agravada por el sabido bajo índice de denuncias del que gozan estos ilícitos. No obstante, la respuesta institucional ha sido insuficiente, también la de la Fiscalía.

Lo que ha quedado al descubierto no son solo cifras, sino sobre todo la cruenta realidad de auténticas redes de protección y encubrimiento de estos abusos, extendiendo la culpabilidad y haciendo de la Iglesia misma, victimaria de estos delitos.

Hemos sido testigos de crudos relatos, de defensas inmorales, de justificaciones absurdas, de vacíos legales y de legislaciones defectuosas, de soluciones eclesiásticas que no sabemos cómo ni qué solucionarán, de silencios oficiales y, ahora, de investigaciones insuficientes.

Hemos criticado la actitud de la Iglesia al generar una oficina de recepción de denuncias, que en los hechos funciona como una institucionalidad paralela al Ministerio Público.

El arzobispo Charles Scicluna, al ser consultado por la liberación de información apeló a la “jurisdicción de conciencia” del Vaticano, sin ser capaz de definir con claridad si la instancia creada colaborará o no con la justicia chilena, en circunstancias que el artículo N° 173 del Código Procesal Penal señala que “cualquier persona podrá comunicar directamente al Ministerio Público el conocimiento que tuviere de la comisión de un hecho que revistiere caracteres de delito”.

Institucionalidad paralela, además de inconstitucional en virtud del artículo 7° de nuestra Constitución que establece que “ninguna magistratura, ninguna persona ni grupo de personas pueden atribuirse, ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias, otra autoridad o derechos que los que expresamente se les hayan conferido en virtud de la Constitución o las leyes” y el inciso segundo del artículo 173 del Código ya citado señala que es el Ministerio Público de manera directa, o mediada por las policías, la entidad receptora de denuncias.

Por todo lo anterior y en virtud de la vulneración de nuestro orden jurídico, impugnaremos a la Oficia del Vaticano ante la Corte Suprema.Además de ello, en mayo de 2010 presentamos un Proyecto de Ley que obliga a quienes ejercen labores pastorales a denunciar estos delitos (Boletín 6938-07).

Sin embargo, el problema no acaba ahí, ya que el mismo Estado chileno no ha actuado con la celeridad y diligencia que la situación amerita.

El fiscal nacional, Jorge Abbott, ha dispuesto fiscales preferentes para estos casos en cada región. Pero digámoslo con sinceridad, es una medida insuficiente. El Estado de Chile siempre ha actuado con temor ante el Vaticano y es su deber reivindicarse con los niños y niñas vejados.

Es por ello que junto a la diputada Marisela Santibáñez solicitamos al fiscal nacional un fiscal especial para estos casos, ya que debe ser un esfuerzo coordinado y centralizado el que desbarate las redes de silencio y encubrimiento que tanto daño han hecho a la infancia y a nuestra dignidad nacional.

Fuente: Cooperativa.