Por primera vez en Chile después de 20 años de democracia, el día martes 6 de septiembre de 2011 se aprobó en la Comisión de Salud
Por primera vez en Chile después de 20 años de democracia, el día martes 6 de septiembre de 2011 se aprobó en la Comisión de Salud del Senado la idea de legislar sobre el aborto terapéutico. Se trata de un hecho inédito; nuestro país desde el año 1989 se encuentra en el listado de los diez únicos países del mundo que tienen completamente penalizada toda forma de interrupción del embarazo, sin excepción, legislación que no sólo restringe la libertad sexual y reproductiva de las mujeres, afectando con ello el pleno ejercicio de sus derechos y su capacidad de decidir en ámbitos que pertenecen a su intimidad y desarrollo personal, sino que atenta contra su vida y su salud. Forzar a una mujer a que culmine un embarazo que pone en riesgo su vida, supone vulnerar su libertad, su dignidad y su derecho a decidir.
La derogación de la interrupción legal del embarazo por razones terapéuticas, a través de la modificación del artículo 119 del Código Sanitario en 1989, se produjo además en forma arbitraria por las deficiencias democráticas del proceso de reforma de la norma que regían en dictadura militar.
La penalización sin excepciones de la interrupción del embarazo constituye un incumplimiento de las obligaciones que el Estado de Chile ha adquirido en materia de derechos humanos de las mujeres. Las obliga a buscar la realización de este procedimiento en condiciones inseguras o insalubres, o bien, a esperar pasivamente la muerte en el caso de la indicación terapéutica, a padecer en silencio el tormento de un embarazo producto de una violación, o respecto del cual se tiene la certeza que el feto no sobrevivirá, con lo cual no sólo se vulnera la salud física de la mujer, sino que complementariamente se genera en ella y su entorno un daño psicológico irreparable, afectando integralmente su salud. Esta situación que afecta especialmente a las mujeres de menores recursos y en situaciones de vulnerabilidad que se recurren a la red de servicios públicos de salud, es un problema importante de salud y así es percibido por la población.
Es un imperativo humanitario velar por la salud de las mujeres, no se trata de imponer sino de que las mujeres y sus más cercanos tengan la posibilidad de optar frente a circunstancias tan difíciles como un problema grave de salud de la mujer, una inviabilidad fetal y en caso de violación.
Un veto presidencial significa nuevamente la incapacidad del gobierno de escuchar a la ciudadanía. Esta decisión del Presidente le da la espalda a miles de mujeres chilenas que año a año ponen en riesgo su vida y su salud, mujeres cuyos derechos son vulnerados por una legislación que dista mucho de ser laica como dicta nuestra Constitución, y que sin aún ser discutida en el Parlamento sufre ya de amenazas presidenciales de veto, lo que atenta contra el principio de debate democrático, tal como en su momento hizo la dictadura de Pinochet.
MILES: Movimiento ciudadano por la Interrupción Legal del Embarazo por tres causales: problemas graves de salud de la mujer, inviabilidad fetal y violación, está integrado por: Corporación La Morada, Asociación Chilena de ONGs ACCION, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales – FLACSO Chile, APROFA Chile, Católicas por el Derecho a Decidir Chile, Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe – RSMLAC, Movimiento de Integración y Liberación Homosexual – MOVILH, ONG Acción, Foro de Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos, Partido Socialista, Partido Progresista.