La colectividad fundada por Marco Enríquez–Ominami y que preside el economista Camilo Lagos, señaló que el Acuerdo de Escazú tiene “importancia estratégica” para el desarrollo de Chile.

Este lunes, el Partido Progresista de Chile, a través de su presidente Camilo Lagos, presentó un documento en que llama al Gobierno de Sebastián Piñera a suscribir el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, más conocido como el “Acuerdo de Escazú”. “Pensamos que es imprescindible que el Ejecutivo abandone su visión ideológica en materia de política exterior, que explica su negativa a firmar este tratado, y coloque en el centro los intereses permanentes de la sociedad chilena”, señala la colectividad.

l período para la firma del Acuerdo de Escazú cerrará el próximo sábado 26 de septiembre, según estipula su Artículo 21 N° 1. Ahora bien, el N° 2 precisa que el tratado “estará abierto a la adhesión de todos los países de América Latina y el Caribe (…) que no lo hayan firmado, a partir del día siguiente a la fecha en que expire el plazo para la firma del Acuerdo”.

En este sentido, indicaron, “en caso que el Gobierno de Piñera persevere en su postura de no firmar el Acuerdo de Escazú, las y los Progresistas de Chile nos comprometemos en forma solemne” a que se incorpore la adhesión al tratado en el programa de un futuro Gobierno de los demócratas progresistas, así como a “ajustar nuestro ordenamiento jurídico a los criterios normativos establecidos en el acuerdo”.

El Partido Progresista recordó que el Acuerdo de Escazú es el único acuerdo vinculante que emanó de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible (Río+20), es el primer acuerdo regional ambiental de América Latina y el Caribe y el primero en el mundo en contener disposiciones específicas sobre protección de los defensores de los derechos humanos en materias ambientales.

El documento señala que “la única explicación de la negativa del Gobierno a suscribir el acuerdo es de carácter ideológico: la preconcepción de que la desregulación de la economía es condición para la inversión y que las regulaciones ambientales son contradictorias con el desafío del crecimiento”. Agregan que esta idea “se acentuará en el nuevo período, pues se colocará en el centro la necesidad de ‘destrabar’ las ‘restricciones ambientales’ para los grandes proyectos de inversión, con el fundamento de reconstruir la economía”. En este sentido, la colectividad enfatiza que “nuestra opción es por una reactivación sustentable de la economía y centrada en las personas”.

Según el Mapa de Conflictos Socioambientales del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), de un total de 117 conflictos de este carácter que se registraban en 2018, existían 63 activos y 30 latentes. De ellos, un 28% estaban relacionados con la minería y un 38% con la generación energética. Las causas fundamentales se referían al lugar de explotación o exploración, al uso y/o contaminación de recursos naturales, o por residuos, emisiones e inmisiones. El 32% de ellos se ubicaba en territorios indígenas.

El Acuerdo de Escazú, a juicio del Partido Progresista, “es una herramienta para construir un camino de promover un crecimiento con inclusión social y sustentabilidad, como base para la construcción de un nuevo pacto social pospandemia”, abordando dimensiones clave para materializar ese propósito:

–Transparencia en materia ambiental, lo que pasa por garantizar el derecho al acceso a la información, en forma oportunidad y fidedigna.

–Participación ciudadana efectiva en los procesos de toma de decisiones con impacto en materia ambiental.

–Acceso a la justicia en asuntos ambientales, mejorando los procedimientos de orden administrativo o judicial para impugnar cualquier acción u omisión imputable.

–Defensa de los derechos humanos de las y los defensores ambientales, a las personas y las organizaciones que defienden los derechos humanos en asuntos ambientales.

El documento sostiene que el Gobierno no ha entregado satisfactoria en términos políticos y técnicos. La idea de que se podría afectar la soberanía nacional carece de todo asidero y soslaya que los desafíos del desarrollo sustentable tienen que ser abordado por la vía de la cooperación global y regional. El argumento de que la institucionalidad ambiental chilena es suficiente es aún más insólito.

Concluyen que el Acuerdo de Escazú contribuye a que Chile pueda dar un salto adelante en sustentabilidad: propósito que debe formar parte de las políticas permanentes del Estado y no estar sujeto a los caprichos ideológicos del gobierno de turno.