A través de su presidente, el economista Camilo Lagos, la colectividad propone que las Isapres “no sean juez y parte frente a las licencias médicas de las y los trabajadores”.

La iniciativa busca poner fin a los abusos en el Sistema Privado de Salud ya que, de acuerdo a las cifras entregadas por la Superintendencia de Seguridad Social entregado a la Comisión de Salud del Senado, un 30,6% de las licencias médicas presentadas por COVID–19 en el inicio de la pandemia, al 8 de abril de 2020, fue impugnada o reducida por las Isapres, Es decir, una de cada tres licencias por el nuevo coronavirus en el sistema privado de salud era rechazada o reducida.

“La situación develó, frente al caso extremo de una pandemia mundial, la práctica de las Isapres de rechazar licencias médicas, invocando supuestas causales de orden médico que, a juicio de las personas afectadas, carecen de fundamento, lo que ha provocado una enorme cantidad de recursos de protección, una vez agotadas las instancias de apelación frente a la propia Isapre”, fundamenta la proposición, que busca que las Isapres “no sean juez y parte frente a las licencias médicas de las y los trabajadores”.

De esta manera, los progresistas aseguran que una solución de fondo al problema de la impugnación de las licencias médicas por las Isapres “pasa por un cambio constitucional que establezca y garantice el derecho social y humano a la salud y la seguridad social, con un Estado garante de los derechos sociales, lo que debiera implicar una transformación del sistema de salud” y específicamente, a abordar el campo del Derecho para otorgar un conjunto de soluciones de corto plazo al problema de las licencias médicas.

Por todo ello, proponen impulsar un compromiso político de toda la oposición para aprobar el proyecto de ley presentado el 31 de mayo de 2018 “que hasta hoy se encuentra paralizado en primer trámite constitucional, que proponía modificar un conjunto de textos legales en lo que respecta a las facultades de las Isapres para modificar o rechazar las licencias médicas”.

“En concreto, se trata de una iniciativa legislativa que quita facultades a las Isapres para evaluar el pago de licencias médicas” y que incluye medidas más significativas como garantizar -a todo evento- la continuidad salarial del trabajador o trabajadora, traspasando la responsabilidad del pago de la licencia médica al empleador, para su reembolso por parte del FONASA o la ISAPRE, según corresponda.

En términos de Derecho, proponen que incluso el peritaje ordenado por una Isapre y practicado por uno de sus dependientes, debe ser siempre considerado como carente de validez probatoria, pues el profesional no posee la debida imparcialidad. Ello no ocurre cuando el peritaje es ordenado por un órgano de la Administración del Estado y quien lo realiza es un funcionario del servicio público.

Por último, el partido establece que es fundamental adoptar todas las medidas legislativas y administrativas que establezcan criterios como garantizar que todo pronunciamiento sea emitido por un médico que posea idénticas o superiores competencias o especialidades que aquel que emitió la licencia médica; garantizar, como exigencia inexcusable, que todo pronunciamiento de rechazo de una licencia por causales de orden médico deba ser redactado en términos claros y precisos: y establecer el criterio que todo diagnóstico emitido por un profesional de la salud debe tenerse por cierto y efectivo, mientras no sea impugnado o cuestionada por quien debe emitir el pronunciamiento, correspondiendo a quien lo objeta o lo coloca en duda acreditar más allá de toda duda razonable lo que afirma.