Este lunes se realizó una reunión de coordinación entre las directivas del Partido Progresista, Partido Comunista, el senador Alejandro Navarro, actual presidente de la Comisión de Derechos Humanos del senado, y la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, a propósito del informe sobre Derechos Humanos que Chile deberá presentar ante las Naciones Unidas el 9 y 10 de abril, en el Comité de Desapariciones Forzadas.
Este será el primer informe de Chile frente a este comité. Al respecto, el senador Navarro señaló que “hay 1.201 casos de detenidos desaparecidos en nuestro país sobre los cuales aún no sabemos nada. Chile tiene una deuda política y moral profunda. Espero que en esta presentación el gobierno se haga cargo de la deuda pendiente, pero también de las acciones que hay que tomar para encontrarlos”.
El senador viajará a Ginebra siendo invitado en su calidad de presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado. “Chile rinde un examen en un tema que todavía significa una herida profunda para la sociedad. El Estado va a recibir preguntas y va a tener que dar respuestas. Espero que la subsecretaría de DDHH haya podido integrar los contenidos que las agrupaciones y la sociedad civil les hizo llegar. Aspiro a llevar su voz a Ginebra”, indicó.
Por su parte, el presidente del Partido Progresista de Chile, Camilo Lagos, comentó que “la memoria y los DDHH no fueron y hoy no son de interés para este gobierno. Sebastián Piñera sólo los utilizó para dar pena en materia internacional. Y Chile merece más justicia. Hoy vinimos para avanzar en materia de historia y justicia, juntos combatimos hoy contra lo que no pudo ni quiso combatir Jaime Guzman”.
Por su parte, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, recalcó que como agrupación, “tenemos una profunda preocupación porque conocimos el informe previo que envió el Estado de Chile, donde una vez más se justifica en cifras abultadas de investigaciones judiciales, que no tienen correlato con el cumplimiento de la obligación que le asiste al Estado por haber sido parte desde el minuto uno, de la convención contra la desaparición forzada, respecto a la no repetición de esta práctica de exterminio”, sentenció.