A través de una declaración pública, el partido fundado por Marco Enríquez-Ominami apoyó el Proyecto de Ley que propone conceder el indulto general  por razones humanitarias, a las y los detenidos en el marco del llamado “estallido social”.

Este lunes, el Partido Progresista de Chile anunció su respaldo al Proyecto de Ley que propone conceder el indulto general por razones humanitarias, a las y los detenidos en el marco del llamado “estallido social”.

Ello, luego de reunirse con representantes de familiares y amigos de jóvenes detenidos durante la revuelta social, para conocer la realidad que les afecta.

A través de una declaración pública, la colectividad fundada por Marco Enríquez-Ominami expresó su apoyo “categórico e inequívoco” a la iniciativa que fue presentada el 9 de diciembre del año pasado por un grupo transversal de senadores, entre ellos, el senador progresistas Alejandro Navarro Brain, y que se encuentra hoy en primer trámite constitucional en el Senado de la República.

”Compartimos el objetivo y el sentido del proyecto de ley de procurar ‘una solución política’ con sentido humanitario, a la situación en que se encuentran, desde hace más de un año, las personas, especialmente jóvenes, que han sido imputadas por supuestos delitos causados en el marco de las protestas sociales del llamado “estallido social”, iniciado en octubre de 2019.

Ello, fundado en un enfoque de promoción y defensa de los derechos humanos, adecuado a las normas y doctrina del Derecho Internacional de Derechos Humanos”, detallan los progresistas.

Asimismo, agregan que “hemos escuchado las opiniones de respetados catedráticos, tales como Claudio Nash, Doctor en Derecho de la Universidad de Chile; de autoridades de incuestionable estatura ética como el sacerdote Felipe Berríos; y los pronunciamientos de reconocidos organismos humanitarios como Amnistía Internacional”, lo que da cuenta “que las imputaciones de hechos delictivos acaecieron en un marco excepcional desde el fin de la dictadura, caracterizado por graves y masivas violaciones a los derechos humanos”.

“Un porcentaje significativo de las personas privadas de libertad son jóvenes vulnerados en sus derechos económicos, sociales y culturales; que se ha hecho uso y abuso de la prisión preventiva y otras medidas cautelares, manteniendo en esas condiciones a personas sin juicio y, por consiguiente, sin siquiera una sentencia de primera instancia”, recalcan en la declaración, aseverando que “una parte importante de aquellas personas en prisión o con medidas cautelares, se encuentran en esas circunstancias sobre la base del uso indebido y desproporcionado -como lo caracterizó Amnistía Internacional- de la aplicación de normas tales como la Ley de Seguridad Interior del Estado y la nueva Ley Nº 21.208, conocida como la “ley antibarricadas” de enero de 2020”.

Por último, el Partido Progresista recalca que “comienza a nacer un nuevo Chile. En su génesis también participaron los jóvenes que hoy se encuentran privados de libertad. Con justa razón, la Convención Constitucional aprobó por más de dos tercios de los constituyentes un llamado a la liberación de las y los presos de la revuelta social, decisión que saludamos”.

“Este no es un problema puramente jurídico, sino que es también un desafío político: por la cristalización de este propósito también pasa la viabilidad de consolidar en Chile un nuevo pacto social democrático y un nuevo ciclo histórico de paz, fundada en la democracia y en la justicia. A conquistar ese propósito, las y los Progresistas continuaremos contribuyendo”, puntualizan.