El senador del Partido Progresista por la Región de Biobío, Alejandro Navarro, llegó junto a varios dirigentes Progresistas a Contraloría para solicitar que se inicie un juicio de cuentas que exija a las y los alcaldes involucrados, regresar a sus respectivos municipios los recursos implementados en la consulta que preguntó a la ciudadanía sobre la implementación de un “toque de queda” juvenil.

El parlamentario fue acompañado por dirigentes de la colectividad, apoderados y jóvenes. Al respecto, la vicepresidenta Progresista, Andrea Condemarín, recalcó que la baja participación “tiene que ver con el contenido de la misma consulta. Es fundamental que para realizar una consulta haya buena información y es lo que más faltó. Se puede votar mejor cuando hay información suficiente. Pero esta fue una artimaña creada por estos municipios con el fin de tener toque de queda”, dijo.

Por su parte, Guillermo Pérez, secretario general de las Juventudes Progresistas, indicó que “desde el mundo de las juventudes pusimos alerta desde un inicio por este anuncio a favor del toque de queda. Hay una vulneración clara de derechos contra la juventud y que este gobierno ha impulsado con su identidad más reaccionaria. Piñera y su gobierno está criminalizando a la juventud y la toma como chivo expiatorio de todos los males de la sociedad, para esconder sus propios fracasos”, finalizó.

El senador Progresista, Alejandro Navarro, dijo que “el derecho a la libertad de desplazamiento y residencia consagrados en la Constitución no puede ser restringida sino por la misma Constitución o la ley. Una ordenanza municipal que pretenda restringir el desplazamiento de jóvenes en cualquier comuna es arbitraria e ilegal, y queremos que Contraloría así lo determine”.