Este lunes, a través del presidente del partido Camilo Lagos, la colectividad lanzó una serie de ideas que buscan consagrar los derechos al trabajo y la vivienda, entre otros, que no han sido contemplados hasta ahora, y que han sido omitidos en la Carta Magna imperante hasta hoy.

El partido Progresista de Chile, a través de su presidente Camilo Lagos, lanzó este lunes una serie de nuevas propuestas, esa vez, apuntando a los Derechos Sociales que deben ser incorporados en una Nueva Constitución.

Se trata de doce ideas que ya han sido incluidas en otros países como Japón, que en su caso establece el derecho a la felicidad, entre otras garantías.

“El Progresismo presenta un decálogo de derechos sociales que, a nuestro juicio, debieran considerarse en el debate para una Nueva Constitución que deberá ser protagonizado por la ciudadanía”, explicó Lagos, enfatizando que “se trata de una relación no exhaustiva y tampoco completa, apenas una provocación para la reflexión y el intercambio colectivos”.

En la misma línea, detalló que un desafío principal de la Nueva Constitución es la incorporación de la categoría de “Estado social de derecho” que, con junto con la noción de soberanía popular, establezca una nueva hechura institucional, basada en una plena democracia y en un Estado garante de derechos sociales, aludiendo a las Cartas Fundamentales de España, Alemania, Colombia e Italia.

De esta manera, los progresistas buscan la inclusión de los derechos de las mujeres, y que se garantice igualdad de derecho y de hecho en todos los aspectos: la formación, el trabajo, la representación política y el conjunto de las condiciones de la vida.

También apuntan al derecho a la vivienda digna y adecuada, garantizando el uso social del suelo y desarrollando además la capacidad de emprendimiento fiscal en construcción.

Sobre el derecho al trabajo, sugieren que la nueva Carta Fundamental debiera establecer que el trabajo digno constituye un derecho y se encuentra bajo la protección del Estado, lo que implica además que toda persona tiene derecho a una remuneración que asegure un bienestar acorde con la dignidad humana.

Asimismo, propone que la nueva Carta Fundamental debiera garantizar expresamente los derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales de las niñas y niños, y que corresponde al poder público la responsabilidad de defender y proteger esos derechos.

El decálogo, además, dice que debe incluirse la responsabilidad del poder público de garantizar la defensa de los consumidores de bienes y servicios, protegiendo su salud, su seguridad e intereses, así como sus derechos a recibir información veraz y trato digno; y que la nueva Carta Fundamental debe disponer que la creación e investigación científicas, así como la innovación tecnológica, deben ser incentivadas y respaldadas por el Estado, en beneficio del interés general.

También se hace cargo del derecho a un desarrollo sustentable, declarando que será responsabilidad del poder público garantizar todas las medidas necesarias para la preservación de la biodiversidad y los ecosistemas; y sobre el agua, establece que es un recurso natural fundamental para la vida, y debe ser reconocida como bien nacional de uso público.

Por último, insta a recoger la demanda indígena de reconocimiento constitucional, lo que implica reconocer su derecho a la tierra y el territorio; a establecer que el derecho a la educación implica que la educación es función primordial del Estado; que el derecho social a la salud debe ser garantizado por el Estado, en forma prioritaria; y al derecho a la seguridad social, que incluye garantizar, mediante pensiones adecuadas, la suficiencia económica a todas y todos los ciudadanos durante la tercera edad.