Cuestionando la efectividad real de las cuarentenas sin una regulación eficiente a las empresas y el apoyo directo a todas y todos las y los chilenas/os a través de una pensión básica universal, el PRO presenta una propuesta para preservar la salud y los derechos de las trabajadoras y trabajadores del país.

Tras analizar las medidas tomadas hasta ahora por el gobierno para enfrentar la crisis sanitaria, entre las que se cuenta la cuarentena obligatoria total en la Región Metropolitana dictada por el MINSAL, la colectividad hace un llamado de atención sobre los mecanismos utilizados para regular la emisión de permisos colectivos para empresas que, en rigor, no ofrecen servicios “esenciales”, como lo indica la norma.

En ese sentido, los Progresistas señalan que “Pareciera que se ha entendido por “esencial” aquellas actividades que son esenciales para el funcionamiento de la economía y los intereses de las empresas, lo que no es aceptable en el contexto de una pandemia y es, a todas luces, contradictorio con los objetivos de salud pública asociados al establecimiento de la medida de cuarentena”.

Lo anterior, debido a que resulta evidente que a pesar de la medida de confinamiento, existe gran circulación de personas en el transporte público y las calles, sin embargo, al contrario de lo que dicta el sentido común, el Ministerio del Interior ha ampliado los giros categorizados como esenciales para que los empresarios puedan acceder al Permiso Único Colectivo (PUC) que se emite por medio de Comisaría Virtual.

“Al principio de la pandemia, los giros económicos categorizados como “esenciales” estaban relacionados con la salud o el acceso a alimentación, con los servicios básicos y la cadena de abastecimiento” señalan desde el partido.

El Servicio de Impuestos Internos (SII), reconoce 601 giros de actividades comerciales y hoy 504 de ellos han sido establecidos como “esenciales”, calificando para acceder a Permiso Único Colectivo, lo que generaría un incremento exponencial de la cantidad de personas que no cumplen la cuarentena, debido a que sus empleadores los obligan a asistir al trabajo de manera presencial.

Así las cosas, los derechos de las y los trabajadores se ven transgredidos, entre otras razones, porque no se incorporan a la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC), queda sin aplicación la Ley de Protección al Empleo al ser su utilización de decisión exclusiva del empleador, y expone a las y los trabajadores a despidos sin indemnización, y al mismo tiempo, los pone entre la espada y la pared a la hora de querer cumplir con el Plan Paso a Paso implementado por el gobierno por temor a perder el empleo.

En ese contexto, el Partido Progresista propone “eliminar la totalidad de los giros económicos que hoy están catalogados de “esenciales” sin tener relación con la preservación de las condiciones indispensables para la vida de las familias y las personas en cuarentena”. Por otra parte, y haciendo uso de las facultades excepcionales del estado de emergencia sanitaria, apelar a que las trabajadoras y trabajadores “no puedan ser despedidos en cuarentena decretada por acto de autoridad”.

Otra de las propuestas, se hace cargo de las alternativas tecnológicas y de conexión que hoy existen para hacer más eficiente la entrega del Permiso Único Colectivo, linkeando el sistema de Comisaría Virtual con el de Servicios Previsionales (PREVIRED), evitando que empresas con pocos trabajadores/as obtenga PUC para 20 funcionarias/os, o bien, se vendan estos permisos.

También se menciona la eliminación de la facultad a las empresas para enviar a AFC a algunas/os de sus trabajadoras/es y obligar a trabajar en formato presencial a otros, aplicando multas emanadas por la Inspección del Trabajo para  aquellas que incurrieran en dicha falta, eliminando además  el beneficio fiscal -en caso de recibirlo- y enviándolas al registro público de las empresas sancionadas para que no pueda participar de Mercado Público.

Finalmente, la propuesta del partido insiste en la necesidad de transferir recursos del Fisco, de manera directa y universal para ir en ayuda de los micro, pequeños y medianos emprendedores y las personas en general. De seguir negándose a echar mano de este recurso, plantean que cobraría total legitimidad la propuesta de un tercer retiro de los fondos de las AFP.