La crisis pandémica que ha provocado la propagación del virus COVID-19 sorprendió a nuestro país en medio de la protesta social más importante desde el retorno de la democracia, gatillada por el agotamiento de los pueblos frente a los abusos sistemáticos de las élites económicas y políticas.

La movilización social y ciudadana puso en evidencia las enormes desigualdades que el modelo neoliberal ha generado en la sociedad chilena: Desigualdad económica, desigualdad social, desigualdad geográfica, desigualdad de géneros, desigualdad cultural. Y fue tan fuerte y mayoritario el reclamo popular, que las elites tuvieron que ceder la llave más resguardada para la mantención de esa desigualdad: la Constitución.

Y así, esta crisis sanitaria, que es de carácter planetario, nos sorprendió en medio del debate político y de la campaña electoral que conquistó la ciudadanía: el plebiscito para una Nueva Constitución.
Y paradójicamente, enfrentados a la crisis sanitaria, económica y social más fuerte que hayamos tenido que en los últimos 35 años, se ha hecho más evidente aún el agotamiento del modelo de desarrollo neoliberal que ha vivido nuestro país, y que ha sustentado la Constitución actual.

Y es que para los partidos y organizaciones firmantes nos resulta evidente, que la forma en que este gobierno ha hecho frente a la crisis muestra las limitaciones del “modelo chileno” para asegurar bienestar y seguridad a las franjas mayoritarias de la población. Pero además, Sebastián Piñera, no sólo ha ido improvisando sus respuestas a la crisis (de la cuál pudo estar mejor preparado), sino que también ha ido enfrentándola con las lógicas mercantiles, ideologizadas y cortoplacistas que caracterizan el pensamiento de la derecha chilena. Un modelo sin siquiera referencias en el mundo, dado que gran mayoría de gobiernos, incluso de centro derecha, ponen al Estado en rol central para cuidar a la ciudadanía y a la economía en la crisis. No los disocian como caminos diferentes como sí lo hace la derecha chilena que encabeza Piñera.

En esta dirección, vemos, por ejemplo, como en los anuncios económicos realizados por este Gobierno, las principales medidas de apoyo a los sectores más vulnerables serán financiado con sus propios ahorros, y los recursos de apoyo a pequeñas y medianas empresas comprometidos, no son más que respaldo financiero para que bancos comerciales otorguen créditos con criterios e intereses de mercado, con la agravante del aval del Estado. Además las políticas de aseguramiento del empleo no tienen discriminación en relación al tamaño de las empresas, lo que involucra un salvataje encubierto para quienes tiene las espaldas para asumir responsabilidades laborales.

Todo indica que a este gobierno lo apremia la necesidad de reponer a la brevedad la normalidad en el funcionamiento de la economía por sobre la prioridad de evitar mayores tasas de contagio. Y es que, en palabras del propio Ministro de Salud, “todos vamos a ser contagiados y de lo que se trata es que sea un contagio escalonado”. Particular estrategia, cuando la mayoría de los países han optado por evitar la propagación del contagio, y no por escalonar el mismo, en un contexto en que el gobierno no ha sido capaz de despejar los cuestionamientos sobre las cifras de contagios y muertes como lo ha manifestado una parte importante de la comunidad científica y gremios profesionales como el colegio médico.

Entendemos que el proceso de reactivación de la actividad económica y productiva debe ser materia de un amplio consenso social, político y técnico; en tal sentido cuestionamos que el gobierno por medio de actos de autoridad exponga a la población a tasas de contagios superiores a las informadas sin contar con el acuerdo transversal en torno a una hoja de ruta común para enfrentar la pandemia. La reactivación de la actividad pública y privada jamás puede quedar al arbitrio de decisiones unilaterales e inconsultas, menos de medidas temerarias que ponen en riesgo la salud de la población, especialmente de los y las más vulnerables.

El Estado debe actuar con prudencia y justicia social. Hay momentos, como este, en que se requiere de una mayor acción. Despojarse de la ortodoxia económica que ha hegemonizado la conducta de la política fiscal por casi medio siglo, y aumentar el gasto para proteger el empleo y salarios de las y los trabajadores, endeudarse lo necesario y posible, reducir los gastos en partidas presupuestarias menos urgentes, y aplicar políticas efectivas para el mejoramiento en la distribución del ingreso, como la carga tributaria de las grandes riquezas de nuestro país.

La actividad del Estado es fundamental. Y estamos orgullosos de los miles de funcionarios y funcionarias que mantienen actividades esenciales en funcionamiento. Pero nos preocupa el anuncio del gobierno para restablecer el trabajo presencial público que no es esencial; o la posibilidad de abrir los grandes centros del comercio; o iniciar después de las vacaciones el retorno a clases de estudiantes en todo el país.

Y lo hace, además, de forma inconsulta: La CUT, ANEF, Colegio de Profesores, diversas federaciones y confederaciones del sector Salud, el Colegio Médico, movimientos sociales y ciudadanos, numerosas alcaldesas y alcaldes, partidos políticos, incluso de su propio sector; exigen que no se lleve a cabo este plan gubernamental y sean más prudentes las medidas gubernamentales; más aún, si el mismo gobierno ha señalado que será fines de abril, los meses peak de contagios de COVID-19. Incluso, otros poderes del Estado, de manera corporativa e institucional, se han pronunciado en esa misma dirección: Fiscalía Nacional; Poder Judicial; Contraloría General de la República.

Por eso, nos plegamos al llamado de la ANEF y la CUT a no retornar a las actividades a las y los funcionarios públicos, sobre todo, si no son actividades esenciales. Para las actividades esenciales, como las que tienen relación directa con las y los más necesitados y adultos mayores, por cierto que deben mantenerse y extenderse, siempre, resguardano la salud de todas y todos, usuarios y trabajadores.

Frente a un escenario de cesantía e incluso hambre en el contexto de una fuerte recesión económica, creemos que debemos abordar respuestas territoriales en la organización de trabajadores y trabajadoras en un sentido amplio, preparando la organización de ollas comunes, brigadas sanitarias y comités de cesantes, a partir del potencial organizativo generado con la revuelta popular. En la misma línea, es un desafío articular respuestas por centros productivos, como los malls, así como sectores y ramas en torno a demandas comunes para avanzar en procesos de negociación colectiva y defensa del empleo más allá de la empresa.

Finalmente los partidos y organizaciones firmantes, ante la mayor crisis sanitaria, económica y social que conozca nuestra democracia, hacemos un llamado a la oposición social y las franjas anti neoliberales en la oposición política, a plantear una propuesta en común por la vida y dignidad en tiempos de crisis. En esa perspectiva, proponemos las siguientes medidas para enfrentar la crisis, con un sentido de pervivencia y humanidad:

1.- Un plan nacional de reforma al sistema de salud chileno, con medidas inmediatas como aumento de presupuesto y control estatal de todo el sistema de salud privado mientras dure la pandemia, de manera de garantizar la democratización de la atención médica, sin tener que traspasar recursos públicos para el lucro de las empresas privadas de salud.
2.- Creación de una facultad nacional de especialidades médicas, que promueva la formación de los especialistas que se requiere con urgencia en el país.
3.- Creación de un nuevo sistema nacional de organización frente a catástrofes sanitarias, conformado por académicos, instituciones especializadas y organizaciones sociales.
4.- Fin de las AFP y pedir retorno de sus fondos en inversión extranjera para que se inviertan en nuestro país, que los recursos de todos los trabajadores chilenos que están en dichos fondos, no sigan alimentando a la gran empresa, sino que sean invertidos en áreas productivas, servicios, de infraestructura, tecnológicas y científicas, que beneficien a todos los chilenos y chilenas.
5- Creación de un fondo para la Nacionalización de todas las empresas estratégicas que entren en crisis para que los servicios básicos de la vida de los chilenos y chilenas no queden expuestos nuevamente a la especulación de la bolsa y a que sean negocio de empresas multinacionales, sino que sean una garantía de vida y tranquilidad de nuestro pueblo.
6.- Renta Pandémica asegurada de parte del Estado equivalente al sueldo mínimo, garantizar
que ningún trabajador/a ni su familia quede expuesto a caer bajo la línea de la pobreza por la pandemia y cuarentena. Esta renta debe incluir a aquellas mujeres que trabajan no remuneradamente en sus hogares, realizando las labores domésticas, de cuidado y reproductivas.
7.- Decretar un impuesto a los súper ricos y grandes fortunas de los multimillonarios de Chile, para generar recursos fiscales que permitan garantizar la renta pandémica asegurada a las familias trabajadoras chilenas.
8.- Plan de alimentación nacional, creando una estructura nacional de distribución de alimentos sin ganancia por parte de intermediarios, en los sectores más empobrecidos del país.
9.- Congelar el pago de servicios básicos por tres meses y decretar ilegal que las empresas de servicios corten los suministros de agua, electricidad o gas familias por no poder pagas sus cuentas.
10.- Durante el aislamiento y la cuarentena las denuncias por Violencia Intrafamiliar se han incrementado enormemente. Frente a esto, es que el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género debe incrementar las medidas para asegurar el apoyo a víctimas de violencia intrafamiliar y el acceso a casas de acogida.
11.- Decretar ilegal que los bancos cobren intereses por deudas no pagas durante el tiempo que dure la pandemia.
12.- Garantizar acceso de toda la población a mascarillas. Son miles de familias chilenas las que no pueden acceder a un gasto semanal para esta mínima prevención, pero consientes de ello, el Estado las obliga, las sanciona, pero no les ayuda ni en control de precios ni en su acceso.
13.- Urgencia a la ley de rentas regionales-territoriales que permita a municipios y gobiernos regionales consolidar un rol activo para salir de esta crisis, fortaleciendo la salud primaria, las cadenas alimentarias locales, la defensa del pequeño comercio, Mipymes y economía familiar rural.

Partidos firmantes y organizaciones firmantes;