Tras una solicitud presentada por su defensa -encabezada por los abogados Ciro Colombara, Aldo Díaz y Carola Cotroneo- el Tribunal Constitucional dejó sin efecto la paralización de la causa y de esta manera, poder avanzar de manera expedita, la tramitación del recurso de protección.

El Tribunal Constitucional alzó la paralización del recurso de protección contra el Serverl presentada por Marco Enríquez-Ominami, con el que busca recuperar sus derechos como ciudadano y su derecho a voto.

Ello, luego que su defensa, encabezada por los abogados Ciro Colombara, Aldo Díaz y Carola Cotroneo, solicitaran al organismo dejar sin efecto la paralización de la causa y de esta manera, poder avanzar de manera expedita, la tramitación del recurso.

De acuerdo a la petición de los abogados, “en atención a la proximidad de las fechas de las primarias y de las inscripciones de candidaturas a las próximas elecciones de cargos de elección popular (incluido el de Presidente o Presidenta de la República), es de interés de esta parte que tanto el recurso de protección en que se incide esta causa como el presente requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad sean vistos y fallados con la máxima celeridad posible”.

Según explicó al respecto Colombara, “desde hace más de 7 años que nuestro representado es objeto de una investigación penal por parte del Ministerio Público, por hechos que ocurrieron entre 11 y 6 años atrás y hace casi un año, que se encuentra con su derecho a sufragio suspendido, sin que, a la fecha, éste haya sido sometido a un juicio oral”.

“Obviamente es contrario a los tratados y convenciones internacionales que expresamente regulan la situación de los derechos políticos, toda vez que solo pueden ser suspendidos -o alguien puede ser privado de ellos- en virtud de una sentencia penal condenatoria después de un juicio” agregó el abogado.

Por su parte, Aldo Díaz enfatizó que “en este escenario, y en atención a la proximidad de las fechas de las primarias y de las inscripciones de candidaturas a las próximas elecciones de cargos de elección popular es que solicitamos que tanto el recurso de protección como el presente requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional sean vistos y fallados con la máxima celeridad posible”.

Marco Enríquez-Ominami presentó un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, que busca impugnar la norma incluida en la Ley 18.556 sobre el Sistema de Inscripciones Electorales y el Servicio Electoral respecto a que no podrán sufragar quienes hayan sido acusados por delitos sancionados con penas aflictivas, y de esta manera, recuperar sus derechos políticos y ciudadanos que le fueron suspendidos en el marco de la acusación en su contra por el denominado caso SQM.

Dicho requerimiento, fue acogido a trámite y ahora el organismo deberá resolver su admisibilidad.
Paralelamente, el líder del PRO recurrió a la Corte de Apelaciones, que ahora deberá pronunciarse sobre el recurso de protección contra el SERVEL una vez que el servicio envíe los antecedentes requeridos por el tribunal de alzada y que aún no han sido evacuados.

Debido a esto último es que Enríquez-Ominami emplazó al Servicio Electoral en sus redes sociales para exigir que se cumpla con lo ordenado por el tribunal. “Impresentable que el Servel no envíe los antecedentes solicitados por la Corte en relación al recurso de protección que presenté para insistir en la recuperación de MIS DERECHOS políticos y ciudadanos. A cambio, solo pide prórrogas para dilatar su resolución”, escribió en Twitter el excandidato presidencial.